La reconquista 3. Rebote.

De José M. Roca
La imprudencia del Tribunal Supremo al aceptar las querellas contra el juez Garzón a instancias de Falange Española y del seudosindicato Manos Limpias (limpias ¿de qué?) ha desatado uno de los peores demonios de este país, provocando un efecto social no buscado, que ya veremos cómo acaba, porque ha tocado el espinoso asunto del desenlace de la dictadura franquista.
Para mucha gente, el resultado final de la transición se aceptó tragando sapos. En aras de instaurar lo que entonces parecía un precario régimen parlamentario (ahí estaba, para aviso de navegantes, el golpe de Estado de Pinochet), los sectores más democráticos de la población y desde luego los que habían participado en la lucha clandestina contra el franquismo aceptaron como un alto precio que no se exigieran responsabilidades a los servidores de la dictadura más comprometidos con la represión y que se extendiera un espeso silencio sobre la etapa más dramática de la reciente historia de España.
Las circunstancias que alumbraron al régimen de Franco desaparecieron del discurso público y hasta de los libros de texto. El celebrado consenso con que se tejió la transición tuvo, pues, como contrapartida la construcción social del olvido o la pérdida de la memoria histórica, con el resultado de que, hoy, una gran parte de la población más joven ignora todo o casi todo sobre aquella etapa trágica de la historia contemporánea, mientras otra cree a pies juntillas el relato que rehabilita el franquismo facilitado por la derecha aznariana.
La oposición del PP a la llamada ley de memoria histórica y a la iniciativa de Garzón para utilizarla a favor de las víctimas de la represión franquista, la crítica a la citada ley expresada por la jerarquía católica, que sigue siendo franquista hasta la médula, y la querella contra Garzón por parte de dos organizaciones de extrema derecha han hecho aflorar sentimientos soterrados pero no definitivamente desterrados. Así, el franquismo evidente, militante, ha provocado la emergencia del antifranquismo latente y el apoyo a Garzón por encima de lo que realmente es, convertido en símbolo de una causa.
Altos cargos del Partido Popular y toda la prensa de la derecha han calificado el primer acto público de apoyo al juez, celebrado en la Universidad Complutense, como propio del Frente Popular, guerra-civilista, un atentado a la democracia y al Estado de derecho y otros epítetos del mismo jaez. Pero este clima no lo han suscitado quienes acudieron al acto, sino la derecha política que ataca al juez (que es molesto además por el caso Gürtel), y a la moderada ley de memoria histórica; la derecha que se resiste a retirar estatuas y monumentos dedicados al dictador, a retirar el nombre de Franco y de otros reconocidos golpistas de calles y plazas; la que mantiene a Franco como hijo predilecto de pueblos y ciudades, la derecha que sigue teniendo a Franco como tácita y a veces explícita referencia política.
Es una derecha que no sólo no se ha replanteado sus viejas dependencias respecto al dictador, sino que ha asumido complacida y sin complejos el neofranquismo introducido por Aznar y el sector más duro (y cínico) del Partido Popular, escorado hacia la derecha antisistema. En este aspecto, es sintomático constatar que a ningún dirigente del PP le haya parecido un disparate la querella de Falange, ni haya manifestado una opinión favorable a Garzón.
Pero los apoyos al juez no acaban aquí; a esta muestra de apoyo seguirán otras, en una espiral que seguramente crecerá, pues el caso, por encima de los méritos o los deméritos de su labor profesional, afecta a una causa casi sagrada, largamente postergada y hondamente sentida por la izquierda social.
Queda por ver, naturalmente, el desenlace, pues pudiera suceder que el caso terminara con la absolución del imputado, como ha ocurrido con los cinco periodistas del diario Egunkaria, con el consiguiente descrédito del Tribunal Supremo, que ha actuado a instancias de dos grupos de extrema derecha, como también lo hizo la Audiencia Nacional, que actuó a instancias de la acción popular ejercida por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, dos asociaciones de matriz ideológica afín al Partido Popular. Pero también pudiera ser que el juez Garzón acabara condenado por prevaricación, con lo cual el descrédito sería aún mayor.
Mientras tanto, desde el extranjero nos miran con ojos asombrados. Somos una anomalía, un residuo de los años treinta del siglo pasado, y aún de antes.