El secesionismo madrileño imita al catalán

¿Todo el mundo tiene derecho a la protesta en las calles?, que más da la respuesta, el caso es que lo hacen, e irá en aumento. La derecha también toma las calles, y la ultra derecha. Lo primero que hay que decir es que históricamente ya vimos que las derechas más o menos fascistizadas tomaban las calles, con violencia creciente en los años del primer tercio del siglo veinte. En aquella época, y siempre, con profusión de banderas y de jóvenes. Y sí los gritos de libertad eran comunes, aunque muchas personas se lleven las manos a la cabeza. Hay gente que se sorprendía de ver manifestaciones enormes de secesionistas catalanes, con profusión de banderas, y no los cuadra en sus esquemas que las derechas, los nacionalistas, catalanes o madrileños, puedan salir a las calles.

Si quieren recordar experiencias cercanas, en los setenta tienen las caceroladas en Chile, que propiciaban un clima de oposición, de golpe. Hay gente que dice que las manifestaciones no derriban gobiernos, habría que revisar experiencias, pero en todo caso hablando en presente aquí y ahora, construyen un clima propicio para su derribo, hacerle la vida imposible que le lleve a dimitir y convocar elecciones. La esencia de ese clima es difundir la idea de que es ilegitimo, aunque haya ganado las elecciones, aunque sea elegido parlamentariamente por una mayoría, de acuerdo con las leyes en vigor. Para las derechas es ilegítimo todo aquello que no sea lo suyo. Su empresa, su ciudad, su país, su gobierno, su libertad.

Los secesionistas madrileños, los organizadores, tienen claro que en la nueva etapa que se avecina las dificultades serán gigantescas, superiores a las de la crisis anterior, el déficit aumentará hasta probablemente sobrepasar al del gobierno Zapatero, el paro y la pobreza relativa y severa aumentará, las colas del hambre se verán más nutridas y extensas que ahora, la deuda aumentará y su financiación se hará más cara y difícil. Y veremos como avanza lentamente Europa, no con la rapidez que necesitan millones de personas. Ese caldo de cultivo esperan aprovecharlo los secesionistas madrileños y sumar a sus fuerzas el descontento que se generará, como hizo el independentismo catalán con los indignados por la crisis anterior. La historia muestra que la fascistización se produce en momentos de crisis.

Los secesionistas madrileños, como los secesionistas catalanes, tienen bien presente su territorio, sus banderas, su identidad ultranacionalista, y sus beneficios, empresas cerradas y obreros protegidos no generan los mismos beneficios, tienen presente como los secesionistas catalanes, sus impuestos. En la nueva etapa de reconstrucción nacional, el déficit que supone un aumento de gastos y disminución de ingresos, se puede atacar subiendo impuestos y ahí estarán ellos para tratar de evitarlo. El déficit también se puede atacar reduciendo gastos, y ahí estarán las derechas secesionistas para profundizar en los recortes que habrá que acometer.

Los secesionistas madrileños, son tan ultranacionalistas como los secesionistas catalanes, su bolsillo es sagrado, su país es el que ellos tienen en su cabeza, en su entorno, en sus clubs, y urbanizaciones, ellos determinan quienes son patriotas y quienes enemigos, necesitan los barrios de la ciudad para presentar sus movilizaciones como los catalanes, necesitan simplificar problemas y soluciones, como los catalanes, autodeterminación todo el poder para la Generalitat, o dimisión del gobierno todo el poder para las derechas, que suponen ganarían las elecciones. Ellos y los otros, ellos los nacionales, los otros el resto, rojos y suaves. Banderas, identidad, patria, grandes palabras, son el comienzo.

Como los secesionistas catalanes se apoyan en el gobierno, de la Comunidad, que los sustenta, los ayuda, los alienta, los jalea, -que parecida es a Torra en lo fundamental-, se apoyan en los policías, se abrazan si es posible para presentar banderas y fuerzas del orden juntos, que idiotas los polis, o que consentidos, nunca se debe hacer arrimar fuerzas policiales a banderas, la neutralidad de la fuerza es un principio básico de la democracia, está empezando a ocurrir lo mismo que con los secesionistas catalanes, aprovechan el gobierno territorial para desplegar sus fuerzas, sus gritos, para amedrantar al oponente.

Los secesionistas madrileños como los catalanes echarán la culpa de todos los males al gobierno de la nación, su responsabilidad territorial no existe, que Madrid y Cataluña, sean los dos grandes focos de la pandemia en la que ambos suman la mitad de contagiados y la mayoría de muertes, se tapa con una mano y se presenta la otra. Culpables el gobierno de la nación, y no los gobiernos autonómicos, Madrid y Cataluña, suman unos 14 millones de habitantes y el resto de España 33 millones, se reparten a mitades los muertos. Pero los secesionistas liberarán de responsabilidad a sus respectivos gobiernos y cargarán todo en el gobierno central, lo cual se verá favorecido porque de forma habitual los españoles cargan las culpas en el gobierno nacional. Cuesta mucho trabajo explicar ahora deprisa y corriendo que somos un país federal desde hace mucho tiempo, cuando debería haberse hecho hace años.

Los que protestan en las calles no son ultraderechistas todos ellos, los que dirigen y organizan sí. Los que protestan en las calles no saldrán todos ellos beneficiados de los objetivos que pretenden los organizadores, que son arrinconar al gobierno, debilitarlo e impedir un programa de reformas, de reanimación económica, también tienen como objetivo a medio plazo, derribar al gobierno obligándolo a convocar elecciones que ellos esperan ganar, como dicen sus encuestas que comienzan a difundir apurando la idea de ilegitimidad.

Los que protestan en las calles no serán ultraderechistas todos ellos, organizadores y promotores sí, con objetivos y visión muy clara de recoger la desesperación y el hartazgo que irán en aumento sumergiendo en ese magma a millones de españoles. Ello hará posible que aumenten las protestas, que los organizadores sumen a muchos de los nuevos indignados, que estarán en el paro, muchos precariados, muchos hambrientos, muchos autónomos y pymes que hayan cerrado y roto sus sueños, empresas cerradas, la demanda mundial por los suelos, …

Ellos sumarán a los que no les llega el cobro de los ERTE, a los que se cansen de esperar para cobrar la renta básica que irá poco a poco… El gobierno tiene que acelerar todos los trámites que reduzcan tiempo y gente desamparada, no valen los horarios normales, si tardan los ERTE’s es munición para los secesionistas, si tardan las gestiones del paro es munición, hay que aumentar jornadas y personal que reduzcan y aceleren respuestas. La Renta básica en marcha ya, aunque no esté claramente definida, pero que empiece a ser visible, al mes siguiente habrá tiempo de revisarla.

Amar la política. En tiempos de crisis. Folleto

AMAR LA POLÍTICA. EN TIEMPOS DE CRISIS

La sentencia del Tribunal alemán, un putsch a la UE

Copio íntegro el artículo de Vidal Folch, por su importancia.

El ‘putsch’ de Karlsruhe. Xavier Vidal Folch. 7 may2020

‘’La sentencia del Tribunal Constitucional alemán es un golpe a la comunidad de derecho que es la Unión Europea

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, es un putsch. Un golpe a la comunidad de derecho que es la Unión Europea. En términos domésticos, un intento de golpe de Estado, pero contra Europa, pues Europa no es un Estado. Esa es la calificación que amerita un tribunal inferior cuando contraviene la resolución de otro superior en la materia, el TJUE con sede en Luxemburgo (la del 11-12-2018, que validó las compras de bonos públicos por el BCE) intentando usurpar su competencia como último intérprete del derecho comunitario.

Y lo hace, no en presunta defensa de la Constitución local (su domaine réservé), sino atribuyéndose la competencia de dirimir sobre el Tratado de la Unión: su artículo 5, que consagra el principio de proporcionalidad. En términos jurídicos, pero eso equivaldría a invadir Polonia. Además, los togados de Karlsruhe prevarican: dictan una resolución que es injusta a sabiendas porque no son legos en la materia. Y lo hacen además en beneficio de los ultras de Alternativa para Alemania, los fachas demandantes.

Sangran por los celos nacionalistas de haber perdido la prejudicial sobre las OMT de 2012, las compras de bonos sureños del famoso “haré lo necesario para salvar al euro” de Mario Draghi.

Deben ser sometidos a disciplina, esa asignatura en la que como alemanes deberían mostrar excelencia. Debe cuadrarlos la Comisión, de oficio, por incumplidores (artículo 258 del TFUE). O a instancia de cualquiera de los 27 Gobiernos (artículo 259). Y al cabo, si no deponen su rebeldía, debe sujetarlos el propio TJUE, obligando a Alemania a “adoptar las medidas necesarias para la ejecución” de su decisión (artículo 260) de diciembre de 2018.

O sucede esto —o bien el castigo del BCE al Buba si rompe su disciplina colectiva en el BCE (artículo 271)— o se acaba la Unión como comunidad de derecho, como unión, y como europea.

Económicamente hay más tela que cortar. El tribunal alemán muestra un cinismo insuperable al asegurar que su resolución no atenta contra el Programa de Compra de Emergencia de Bonos Públicos contra la Pandemia, del BCE (750.000 millones de euros). Que su decisión “no concierne a las medidas de asistencia adoptadas por la UE o el BCE en el contexto de la actual crisis del coronavirus”.

Nos toman por imbéciles.

Porque sí, sí, sí atentan contra ese programa, pues vulneran a los vulnerados de la recesión. ¿Por qué? Porque Karlsruhe aparenta centrarse solo en pedir explicaciones de si la expansión cuantitativa de Draghi (el Programa de Compra de Bonos Públicos) fue desproporcionada, al no detallar si consideró también sus efectos adversos.

Y presume de que no lo sería —a la espera de demostración ajena— porque las compras no serían ilimitadas; no se adquiriría más de un 33% de cada emisión, y no se compraría deuda de cada país más que en proporción exacta a su cuota de capital en el BCE.

El conjunto de esas salvaguardas es lo que el BCE de Christine Lagarde acaba, sabio, de flexibilizar. Si no vale el último Draghi, tampoco la primera Lagarde. Karlsruhe, símbolo hoy de prevaricación y supremacismo.’’

España Estado federal. Y pandemia covid-19

Una parte del follón organizado en torno a la pandemia tiene que ver con nuestros demonios particulares, nuestra derechona incluyo los independentistas, esos tipos que se llaman patriotas que desprecian a más de la mitad de los conciudadanos, tiene que ver con la necesidad de mucha gente de buscar culpables a los que endemoniar, tiene que ver con la necesidad de mucha gente de creerse superiores, ellos sabían todo desde el principio, los demás son inútiles, tiene que ver con la necesidad de insultar para así creerse superiores, esa necesidad que habitualmente se expresa en el futbol y en las redes. Una parte del follón tiene que ver con la facilidad de generar odios a las personas, a las ideologías, a las ideas, la necesidad de sentirse superhombres insultando a los partidos y a los políticos, superhombres porque tiene que ver con el machismo, estos comportamientos violentos son mas extensos en hombres que en mujeres.

Parte del follón que tenemos organizado tiene que ver con nuestros partidos políticos en la actualidad, cada vez más encerrados en el marketing teatral, con estrategias pensadas fundamentalmente para la captación de votos. El problema es que estos partidos políticos son un reflejo de nosotros mismos, somos tú y yo, y tu prima y tu cuñada, tu compañero de trabajo y tu colega, con sus expresiones insultantes y opiniones despreciativas hacia todo lo que se mueva quienes influimos en los partidos y en ese desprecio por hacer algo juntos. Hay gente que insulta sin parar en las redes, que acusa de asesinos a gobiernos y al dia siguiente exige que lleguen a acuerdos con la oposición. Todo junto bien mezclado, para sacar siempre la conclusión de que los otros son malísimos, inútiles y culpables de las muertes de todos.

Sí, todo eso y mucho más influye en el follón que tenemos organizado. Pero hay una parte del mismo que tiene que ver con nuestra estructura estatal, que tanto a un lado como al otro no se reconoce. Incluso la gente se enciende y creen que rompen el esquema gritando, somos un estado autonómico. España es un estado federal, que aquí particularmente llamamos autonómico, pero nuestra estructura es federal, los territorios, que aquí llamamos Comunidades Autónomas, -otros los llaman landers- tienen gobiernos y parlamentos propios, con capacidad para legislar, ordenar, dirigir… los territorios tienen competencias en sanidad, educación y asistencia social, y en muchísimas mas cosas, pero por ahora vale con las anteriores para este asunto de la pandemia.

El pueblo español está acostumbrado a protestar al soberano de turno, al monarca, al dictador, al gobierno de la nación y a el dirige todo su malestar, los insultos y el desprecio, incluso ahora en la España democrática. Los gobiernos autonómicos, o gobiernos territoriales, quedan al margen de las protestas en todas partes, sus decisiones, su responsabilidad, parece no existir nunca, para lo malo, solo aparecen para la gloria, para las salidas positivas, por ejemplo, ahora, en la vuelta a la normalidad. Pero se olvida su responsabilidad en la parte negra de la pandemia. Su falta de previsión en cuanto a mantener almacenada una cantidad conveniente de mascarillas, guantes, trajes, falta de previsión en mantener recursos operativos, materiales y humanos, evitando la saturación como estaban antes de, falta de previsión durante años atrás para determinar que una reducida sanidad pública es ineficiente para tratar pandemias y mantener la sanidad asegurada para la ciudadanía.

La situación actual en España es que nadie tiene poder absoluto, el gobierno de la nación tiene poco o, no demasiado poder en muchos frentes para desarrollar sus políticas, comparte soberanía con los territorios y con la UE. Y por supuestos los territorios tampoco tienen poder absoluto para decidir e implementar todo aquello que quisieran. Los poderes aquí en España, están compartidos, las responsabilidades también. En amplios sectores de población no nos damos cuenta todavía de lo que ello significa y representa, y además, somos un Estado federal de joven trayectoria por lo que los organismos e instituciones de coordinación necesarios no funcionan tan correctamente como deberían, no están probados en su funcionamiento habitual. Destaca la necesidad del Senado como cámara territorial a reformar lo preciso urgentemente. Por eso es mucho más difícil llegar a acuerdos, es muy raro marcar caminos comunes cuando todos se pegan por salir en la foto y llevarse los méritos, empujando a los demás esperan llevarse los votos de cada elección.

Mientras tanto los poderes económicos disfrutan de una paz que no se merecen, poderes económicos territoriales, nacionales, y transnacionales que viven placenteramente su situación fuera de los focos, pero echando mierda a los políticos para lograr reducir más su poco poder ante cada situación. No es este el momento de sacar punta a este lápiz, pero consideren el papel de las empresas en esta crisis, en la que ponen fortísimas presiones para cambiar las directrices de la desescalada, poner o seguir en marcha y que se jodan los trabajadores, empresas que cuando tienen beneficios al bolsillo y cuando vienen pérdidas exigen al estado que las compense. Por no hablar de su papel como empresarios de una mayoría de las residencias de ancianos tratadas exclusivamente como negocio, de alta rentabilidad, decían en sus informes cuando buscaban inversores.

Antes de la pandemia y durante ella, las competencias sanitarias y de asistencia social, como las de educación, estaban, están, en las Comunidades Autónomas. El estado de alarma no ha suspendido de hecho las competencias, las CCAA podían comprar material sanitario para proveerse ante posibles contingencias, deberían haberlo hecho, deberían tener un acopio de material suficiente en previsión, guantes, mascarillas, trajes, … deberían haber tenido unidades médicas no tensionadas constantemente, las urgencias colapsadas habitualmente, pocas camas públicas, una atención primaria sin recursos, con pocos sanitarios, en condiciones muy precarias de contratación temporal, renovables o no. La Sanidad española había reducido su capacidad de atención previsora y recursos asistenciales en estos años de crisis y post crisis, respecto a la que tenía en 2008.

Prueban sus competencias, que los presidentes, consejeros y demás personal a sus órdenes han continuado teniendo en sus manos la organización de sus sistemas sanitarios, y de asistencia social. Ellos decidían la distribución de personal y equipos, echaban al responsable de las residencias, por ejemplo, en Madrid, y nombraban otro, eran los órganos territoriales, en Madrid, quienes decidían no derivar a los ancianos hacia los hospitales. En plena crisis han seguido comprando material como prueban los aviones que llegaban cargados por ejemplo a Madrid y Valencia, han sido los órganos territoriales quienes decían las cifras que facilitaban al Ministerio de muertos, o contagiados, eran esos órganos territoriales quienes decidieron a quienes hacían los test de pruebas… por supuesto en algún caso siguiendo las recomendaciones del gobierno. Claro que no podían actuar sobre las fronteras y los vuelos interpaíses, ni mantener la coordinación internacional con la UE y con la OMS, eso depende del gobierno central. En plena pandemia los números de teléfono de ayuda covid-19, han sido 17 o 19, uno por territorio, el resto de países europeos, tenían uno solo, acaso ese simple hecho no llama la atención de las dificultades de organización que tenemos.

El grado de gasto público de un estado y su distribución territorial, puede considerarse una medida de descentralización que en cierto sentido mide la cualidad federal de ese estado, entendida como la atribución de soberanía que comparten diferentes territorios con distintas administraciones públicas gobernando en ellos.  A pesar de los cabreos que se originan diariamente, que para algunos justifican la conveniencia de una desmembración del estado para dirigirlo hacia una federación, la realidad concreta que ofrecen los estudios es que España es un estado federal, comparable con otros estados federales en cuanto atribuciones cedidas a los territorios, las CCAA,  tiene una estructura particular con algunas deficiencias, como la financiación, etc. y el Senado que habrá que reconvertir ya, en Cámara Territorial donde diriman sus diferencias los territorios y no siempre en peleas bilaterales con el Gobierno Central, más propio de una confederación que de federación. Pero España es un estado federal.

Los dos cuadros proceden de: ‘El gasto público en España en perspectiva comparada: ¿Gastamos lo suficiente? ¿Gastamos bien? publicado por Santiago Lago peñas y Jorge Martínez-Vázquez en la revista Papeles de Economía Española núm. 147 del año 2016. En el primer cuadro, (Gráfico 10) la comparación se realiza para el período 1995-2012, entre España y los países europeos de la OCDE, que prácticamente son la UE, entre ellos hay algunos federales como Alemania, Bélgica, Austria. El gasto público total como porcentaje del PIB imputable a gobiernos subcentrales –territoriales- españoles se encuentra sobre el 25%, mientras en el caso de gobiernos subcentrales europeos representa un 15%. El segundo cuadro (Gráfico11) compara gastos de los gobiernos subnacionales, territoriales, por funcionalidad y como porcentaje del PIB. Para hacerlo sencillo pueden mirar solo la cifra expresada para 2011, barra azul completa, pero merece detenerse en los componentes de gasto, testimonian un catálogo de atribuciones que tienen los territorios tales como: educación, sanidad, orden público, cultura, protección social, medio ambiente, vivienda, lo cual es una muestra de soberanía cedida/compartida.

En España a comienzos del siglo XXI por encima del 40% del gasto público total lo gestionaban los territorios, que pasaría a ser un porcentaje superior al 50%, si excluyéramos la Seguridad Social del cómputo Central, supone un 27% del total, la Administración Central gasta un 23%, sin S.S. El componente mayor del gasto público son las pensiones que paga el Estado central.  Las CCAA concentraban en 2001 la mitad del empleo público, el 70% si se excluye la Seguridad Social. ‘Mediterráneo Económico, núm. 10, Cajamar.  ‘Un análisis comparado del gasto público autonómico’. J.M. Domínguez, R. López del Paso y N. Rueda. Y ante esto, ¿qué hacemos, destruimos todo lo realizado, autodeterminamos todos los territorios y comenzamos como si estuviéramos en la Edad Media a crear una república federal? ¿No parece un poco estúpida la idea?