domingo, 29 de septiembre de 2013

The Global Competitiveness Report 2013-2014. Zonas del mundo

 Distintas zonas geográficas-económicas y diferentes parámetros para medir su desarrollo en relación al estudio de competitividad.

Cuestiones posibles a destacar, el peso del PIB y su población, nos darán una cierta dimensión de su riqueza global, por ejemplo países árabes que representan una población mundial del 4% su PIB también representa una proporción del 4%, lo cual parece indicar un equilibrio, como el de América Latina. 

Por debajo en cuanto a peso económico en relación a población encontramos el conjunto de los Brics -con realidades muy diversas- el Sur y Sudeste de Asia y el caso mas terrible de Africa Sub-Sahariana.

Al otro extremo del mundo, la Unión Europea. El 7% de población mundial, tiene un peso cercano al 20% de la economía mundial. Y si quieren, para no perder nunca la perspectiva, la UE representa bastante mas del 50% del gasto social mundial, con una población de solo el 7%. Aunque no figuren aquí los datos. En política siempre hay que leer mucho, mucho.









jueves, 26 de septiembre de 2013

The Global Competitiveness Report. Spain 2012









Los resultados proceden del estudio que realizan sobre múltiples parámetros que engloban en los siguientes 3 grandes grupos en que dividen la repercusión económica, cada uno de ellos compuesto por los subgrupos o como los llaman, pilares, analizados:

1.-Requisitos básicos. Son claves como factores de impulso de economías.

Primer pilar: Instituciones
Segundo pilar: Infraestructura
Tercer pilar: Entorno macroeconómico
Cuarto pilar: la salud y la educación primaria

2.- Potenciadores de Eficiencia. Claves para la eficiencia de las economías.

Quinto pilar: la educación superior y la formación
Sexto pilar: Productos eficiencia del mercado
Séptimo pilar: Eficiencia del mercado laboral
Octavo pilar: el desarrollo del mercado financiero
Pilar Noveno: Preparación tecnológica
Décimo pilar: Tamaño del mercado

3.-La innovación y la sofisticación. Claves para la innovación e impulso.

Pilar Undécimo: sofisticación de negocios
Pilar Duodécima: Innovación



martes, 24 de septiembre de 2013

Ranking de competitividad mundial. Estancados

El Foro Económico Mundial, publica habitualmente estudios sobre competitividad, que ‘Arian seis’ ha publicado años anteriores, porque en este blog se identificó desde el principio como un signo de nuestros graves problemas iterando sobre el conjunto de ellos. 

Los Mercados, la globalización y los emergentes, constituyen un océano en el que nadamos profundamente con el cambio de siglo, década anterior y posterior, y en ese mar, la tabla de salvación que relaciona ambos, la llaman competitividad, que reduciéndolo a una terminología económica aceptable es la relación con el mundo, o la capacidad de elaborar y distribuir más por menos. Sobre la Competitividad ya escribí. 


Capacidad de fabricar mayor cantidad de producto en menor tiempo, posible con mejor valor añadido y facilidad de distribución a cualquier parte del mundo, en relación a nosotros mismos y a otros. 


Salir de la crisis, significaría andar por ese camino, para que millones de españoles progresaran en sus condiciones de vida. Terminar la crisis, significa mejorar en parámetros como:
el empleo, y falta mucho, mucho, mucho; reducir la deuda y está aumentando; sanear el sistema financiero y aumentar el crédito extinguido, y podría estar empeorando y con posible nuevo rescate; significaría mantener sanidad y educación, y se están desmontado las joyas de la corona; sujetar y desarrollar el entramado científico, que está desapareciendo; mantener y sujetar pensiones, y se calcula, por lo bajo una pérdida de 33.000 millones en 10 años; desarrollar mejores asistencias sociales para los que ya han caído… y mejorar la competitividad. De cada punto vamos haciendo un pequeño repaso -ayer la deuda- para ver si de verdad estamos remontando como dice la propaganda del PP y afines.


En España, gran parte de las élites políticas y económicas solo consideran el factor salarial como el determinante de posibles mejoras y esta ha sido nuestra losa durante cientos de años, la carcunda económica que solo sabe vivir a costa de privilegios estatales, subvenciones, exenciones y regalos del poder político al que soborna de varias maneras, la iglesia como institución contraria la ciencia y la investigación que minarían su parcela de poder, la religión como creencia opresora alejada de la realidad del mundo, y como ideología opuesta al desarrollo de la cultura del pueblo y a toda nueva opción posible… los gobiernos dominados por la derechona siempre fueron el lastre del trabajo, del desarrollo sostenible, de la I+D+i y así seguimos hoy con la representación de la derechona personificada en el gobierno del PP, que mientras hunde la ciencia, elabora nuevas leyes, la Wert, para regalar suelo a las instituciones religiosas para sus negocios de colegios privados.

España, no mejora en competitividad según el World Economic Forum, y por lo observado hasta ahora, no hay planes en la dirección adecuada, solo pretende hacerlo a costa de bajar salarios y aumentar horas, la peor de las salidas posibles, ya que lleva la economía española en dirección a África. Ni siquiera los asiáticos están parados en la idea de competitividad ligada a bajos salarios, lo cual no quiere decir que no lo practiquen, sino que están dando pasos gigantescos de avance en su capacidad inversora en alta tecnología y en universidades, I+D+i y conocimientos, mientras las élites españolas en la política en el empresariado y en la Iglesia van en la dirección de siglos pasados. ¡Que desastre!

Vean los resultados del recién publicado The Global Competitiveness Report 2013–2014, España se mantiene en el puesto 35 del ránking, no mejoramos.

domingo, 22 de septiembre de 2013

La deuda pública española aumenta velozmente con el PP


Los pasivos en circulación aumentan velozmente con el Gobierno Rajoy. Los pasivos en circulación son  la deuda emitida por las AAPP y empresas públicas consolidadas, -con mayoría de capital- exigible por sus tenedores.

Reflejan la deuda pública española, en cifras mas reales que las utilizadas normalmente por la eurozona que solo contempla la deuda según el protocolo de Déficit excesivo, que da cifras algo menores.

Los datos del cuadro están recogidos directamente del Banco de España, del capítulo 11.Lo que el cuadro indica es el ascenso de la deuda pública total, que comprende la suma de la deuda de la Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y la Seguridad Social.

El ascenso visible en la curva, lógicamente refleja la crisis, pero mirando mas despacio vemos que:

Zapatero pasa a Rajoy una deuda total de 890.000 millones y Rajoy la aumenta y convierte en 1.233.000, mas de un billón de €, es superior al PIB español. Estamos por encima del 100%, un problemón, que costará mucho, mucho arreglar. 

Si miramos mas detenidamente vemos que la deuda que traspasa Zapatero a Rajoy le fue traspasada en parte por Aznar, que dejó 480.000 millones €, en sus 33 trimestres de gobierno, y que Zapatero aumentó en sus 36 trimestres de gobierno en unos 464.000 millones más.

Rajoy en solo 6 trimestres de gobierno ha conseguido aumentar el ritmo de crecimiento de la deuda pública, visible en el fuerte aumento del gráfico. En seis veces menos tiempo de gobierno, la deuda pública total ha  aumentado en 345.000 millones €. Pero si nos fijamos en la deuda de la Admón Central, en ambos casos han generado la misma, en torno a 285.000 millones, durante los gobiernos Rajoy y Zapatero, las diferencias están en la deuda de CCAA y Corporaciones locales, fuera del control del gobierno central y en la de la Seguridad Social. ¡Un horror!



viernes, 20 de septiembre de 2013

Tribulaciones del maduro bloguero. Los ficheros desaparecen


Los ficheros, en ocasiones, desaparecen como por arte de magia. Ya me ha pasado otras veces. Ahora ha sido un trabajo sobre la deuda pública actualizada cuyos datos tomaba del Banco de España.

Como he escrito en otras ocasiones, las fuentes son los principales avituallamientos de datos y el Banco de España es una de las más importantes. Siempre lo fue, y cualquier persona que esté en política o quiera estarlo, tiene que leer mucho y buscar entre las fuentes preferiblemente.

Entré al Banco de España para ver los Pasivos en circulación, del capítulo 11 de Administraciones Públicas, los variados cuadros que publica, por ejemplo el 11.5, y 11.6 los pasivos en circulación, que comunican la deuda pública existente de Administración Central, CCAA, Corporaciones Locales y Seguridad Social, tanto en euros como en porcentaje sobre el PIB.

Los datos de este capítulo son algo mayores que los que reflejan la deuda que facilitan oficialmente los organismos europeos, que la toman de los datos del Banco de España, de Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo. Los pasivos son algo mayores, por diferentes criterios de medición, -por ejemplo pueden contener deuda de empresas públicas con porcentajes de propiedad pequeño- pero creo que reflejan mejor la situación de deuda del Estado, al fin y al cabo son pasivos que debemos, obligaciones de pago.

El asunto del problema es que volqué los cuadros y los ficheros. De los cuadros en esta ocasión me interesaba destacar la deuda existente hoy, que con el Gobierno del PP ha aumentado considerablemente, y al mismo tiempo quería tomar los datos del Gobierno Zapatero y del anterior Gobierno Aznar. En definitiva la deuda histórica transmitida por Zapatero a Rajoy y de Aznar a Zapatero, por aquello de comprobar o desmentir la consigna de los voceros, tertulianos y periodistas -¿pagados?- del PP sobre el desastre que dejó ZP y la culpa de todo, etc. etc.

Las cifras comunican resultados interesantísimos del desmadre del PP. Para trabajar descargué los ficheros con información histórica del Banco de España, que están en CSV, para utilizarlos en Excel tengo que reconvertirlos. Lo hago. Depuro titulares, y algunos datos, porque ya digo, me interesan desde el gobierno primero de Aznar. Elaboro un primer gráfico y compruebo que hay excesivos datos para que tenga buena vista, así que copio en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro, sigo depurando datos, eliminando algunas columnas, y filas… Elaboro otro gráfico, veo modelos posibles… etc. paso esos datos a otra hoja de cálculo, etc. en definitiva saco una hoja de cálculo por cada gobierno, y una general de los tres gobiernos que contenga los trimestres y la deuda pública Total, de Admón. Central, de CCAA y de Corporaciones Locales, elaboro el gráfico, retoco el modelo pongo titulares títulos… vuelco los gráficos en Paint y cada paso que doy lo grabo y al final lo grabo guardar como, modificando el nombre. ¡ZAS!

Desapareció todo, las imágenes de Paint y los ficheros Excel. No los encuentro. A saber en qué carpeta habrán volcado. He mirado en las que suelo utilizar, en las que debería estar, y nada de nada. Misterios de la informática.
Así que me tocará volver a realizar el trabajo, sobre todo para que comprueben el rápido crecimiento de la deuda pública durante el Gobierno de Rajoy, aquel que se quejaba de que Zapatero gastaba lo que no tenía y ellos arreglarían todo.


miércoles, 18 de septiembre de 2013

La Carta de la Laicidad



La Carta de la Laicidad 


1. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que respeta todas las creencias.

2. La República laica organiza la separación entre religión y Estado. No hay religión de Estado.

3. El laicismo garantiza la libertad de conciencia. Cada cual es libre de creer o de no creer.

4. El laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad.

5. La República garantiza el respeto a sus principios en las escuelas.

6. El laicismo en la escuela ofrece a los alumnos las condiciones para forjar su personalidad les protege de todo proselitismo y toda presión que les impida hacer su libre elección.

7. Todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a una cultura común y compartida.

8. La Carta del Laicismo asegura también la libertad de expresión de los alumnos.

9. Se garantiza el rechazo de las violencias y discriminaciones y la igualdad entre niñas y niños.

10. El personal escolar está obligado a transmitir a los alumnos el sentido y los valores del laicismo.

11. Los profesores tienen el deber de ser estrictamente neutrales.

12. Los alumnos no pueden invocar una convicción religiosa para discutir una cuestión del programa.

13. Nadie puede rechazar las reglas de la escuela de la República invocando su pertenencia religiosa.

14. Está prohibido portar signos o prendas con las que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa.


15. Por sus reflexiones y actividades, los alumnos contribuyen a dar vida a la laicidad en el seno de su centro escolar.


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Vaya golpe de efecto. Puesta en todos los colegios de Francia, difundido por todos los medios. Un cierto grado de envidia. 

Recuerdo una anécdota curiosa de un viaje hace muchos años a Francia, Besanson, a casa de Ismael y Mar que vivían allí y nos alojaron unos días. La publicidad de la Iglesia Católica en los buzones, comenzaba con un 'disculpen la intromisión, perdonen las molestias'. Claro, tiene que ver con la Revolución, la guillotina y todas esas cosas. Pero siempre se puede aprender, de la Carta, y pensar algo parecido.

Un aspecto que merece destacarse para muchos izquierdistas, en los días actuales tan rendidos admiradores del secesionísmo, miren como comienza, sus primeras palabras, 'Francia es una República indivisible...'

Efectivamente, no existe el derecho a la secesión, no hay derecho a decidir tal cosa y sí muchas otras, poca gente pondrá en duda el carácter democrático de la República francesa, bastante alejada de la descentralización de las autonomías españolas.

La carta va más lejos, e implementa una línea para la escuela de toda la nación, con unas cuantas pautas comunes, amen de que en general los textos y planes de enseñanza, al igual que las políticas económicas, culturales, etc. son difundidas a toda la nación por el Gobierno. El poder político está mas concentrado que aquí, tiene mayor capacidad de intervención, y sigue siendo democrático.

martes, 17 de septiembre de 2013

Catalunya. Stock de capital acumulados en el tiempo

El stock de capital acumulado en el tiempo es buen punto de apoyo

Los cuadros proceden de los trabajos sobre stock de capital en España y su distribución territorial, que desde hace años y periódicamente publican bajo la dirección de Matilde Mas, Francisco Pérez y Ezequiel Uriel, como libros y documentos de trabajo en la Fundación BBVA e IVIE    Todos ellos permiten apreciar que Cataluña está por encima de la media española en acumulación total y por habitante. Los stocks de capital representan acumulación de riqueza producida en tiempos anteriores y mejores posibilidades de generarla nuevamente en el futuro. Demuestran que es una patraña la tesis de que los catalanes han sido explotados por los españoles, lo cual hubiera significado sacar sus riquezas de allí.

                       

                     
El mayor componente de los stock, son los vinculados al capital privado en muy alta proporción al público, y que en el caso de Cataluña tienen superior importancia que en el resto de España, o dicho de otra forma, los datos muestran una menor inversión pública en infraestructuras catalanas, uno de los pocos aspectos en el que no destacan sobre el resto de comunidades. En todo caso en este tema de los stock de capital también se observa en la última década, una pérdida de peso relativo del capital catalán en relación con el conjunto de España, siendo preocupante la parte referida a dotaciones de maquinaria y material de equipo, lo cual es compatible con la alta capitalización de Cataluña superior a la media nacional. Para datos de 2006, anteriores a la crisis, representa un 16% de población española, tiene un peso en el PIB del 19% y similar en el capital neto, algo menor en infraestructuras públicas, del 14.3% -su mayor debilidad-; y superior renta per cápita que la media nacional. Para datos de 2009 siguen la tendencia descendente, PIB 18,6%, capital neto 17,8 %, y sube en infraestructuras públicas 15,6%.

                                    
La importancia de los stocks de capital comienza con la inversión, siendo muy superior la privada que la pública, en proporción aproximada 88/12, sumarán unas 3 veces el PIB español, del total de unos 3.397 millardos €, la parte correspondiente a la privada, representa unos 2.990 millardos, distribuida por mitades, entre residencial y no residencial, así unos 1.435 millardos € son inversiones en los sectores agrícola y pesquero, industrial y energético, construcción y servicios, este capítulo de no residencial gana peso desde finales de los años 80, perdiéndolo la inversión residencial, en términos relativos.

El peso de la inversión pública como factor fundamental de desarrollo regional debe ser matizado en España ya que durante gran parte del siglo XX el sistema de gobierno fue dictatorial, lo cual implicaba que la inversión privada, industrial comercial y financiera, era orientada y en parte dirigida por las dictaduras hacia las zonas y sectores de interés político gubernamental. Por ejemplo la banca española, madrileña y vasca, invertía capitales privados en industrias catalanas y en proyectos de aquella región, empujados por la orientación de los gobiernos de las dictaduras, minorando el peso de lo público y aumentando el de lo privado en las cifras globales, en cuantías nada desdeñables, aunque difíciles de cuantificar. El régimen dictatorial, sin inversión pública directa, incide con sus políticas para que llegue capital privado a unas regiones que redundará en mayores posibilidades de acumulación; el proteccionismo, los consejos o directrices, subvenciones concretas, exenciones preferentes…

Otro aspecto de los stocks de capital, lo representa el capital humano. En el primer caso asoman los porcentajes de población entre 25 y 64 años por nivel educativo, años anteriores a la crisis. España y Cataluña ofrecen parámetros similares, superiores en general hasta la secundaria, pero destacan los claramente inferiores en secundaria: también menores en lo que llaman terciario, estudios universitarios y similares. El otro cuadro es de la Generalitat, con cifras superiores de Catalunya sobre las españolas, muestra un grado similar de graduados universitarios, inversión en educación, salvo con Suecia, y menor I+D aunque superior al español, a destacar un alto número de publicaciones científicas por habitante. Cataluña en el contexto internacional, indicadores de 2010, stock de capital por ocupado superior a Alemania, etc. ¿Una acumulación histórica, y rentas discriminatorias? ¡Por favor, seriedad! 


 ‘Economía catalana: retos de futuro’. Dirección y coordinación José Luis Escrivá, Mª Antonia Monés, David Taguas, Gemma Garcia. BBVA+Generalidad de Cataluña. Consejo Asesor: Ángel de la Fuente, Teresa García-Milà, Martí Parellada. Barcelona
 



‘La acumulación de capital en España se estanca durante la crisis y la inversión no cubre la depreciación de algunos activos’. Fundación BBVA-Ivie. Julio 2013. www.fbbva.es

lunes, 16 de septiembre de 2013

Claridad canadiense II. Y Stephane Dion

Stéphane Dion, habla con extrema claridad sobre el tema de la secesión, no solo es un teórico, también un político pragmático y por encima de todo democrático, digno de  escuchar y leer por muchas personas que se consideran altamente demócratas simplemente por estar a favor de la independencia catalana. Estas declaraciones proceden de una entrevista del 6 -7- 2003 por José Luis Barbería. ‘El País’.

‘’Hubo un momento en mi vida en que pensé que la condición de canadiense menoscababa mi identidad quebequesa. Luego, al comprobar y analizar el comportamiento del nacionalismo en el mundo, comprendí que era un error negar mi dimensión canadiense, comprendí que ser quebequés es ser canadiense y ser canadiense es ser quebequés.

En su país hay algo de eso, ¿verdad?, comunidades que no tienen el mismo estatuto que otras. En Canadá, como en Alemania o Suiza, sin embargo, no hay más que un único estatuto constitucional para todas las provincias, aunque en el plano lingüístico y jurídico Quebec tenga sus particularidades. Lo que pasa es que en la práctica se producen asimetrías. Hay provincias más ricas que contribuyen más a los fondos federales para financiar a otras más pobres, caso de Quebec.

Sólo el Gobierno de Canadá puede ratificar los tratados internacionales, pero esos tratados no se pueden aplicar si las provincias no están de acuerdo, y es difícil poner de acuerdo a 10 provincias, 3 territorios autónomos y al propio Ejecutivo federal, 14 jurisdicciones en total. Eso supone una negociación constante.
¿Por qué ha dicho que la dinámica secesionista es difícilmente conciliable con la democracia?
Por razones de procedimiento y por razones de índole moral. Respecto al procedimiento, no está nada claro quiénes deben votar. La secesión de una parte del territorio tiene consecuencias evidentes sobre el conjunto del país, así que podría hacerse valer el derecho a decidir de todos los electores de ese país. Supongamos que en una región de su país se descubre un pozo de petróleo o una mina de diamantes y que la población de esa región decide independizarse. ¿No tendrían todos los españoles derecho a pronunciarse? Habrá gente que diga que es una decisión que corresponde únicamente a los habitantes de esa región. Y entonces, ¿qué pasa si parte de esos habitantes quieren seguir dentro de España, si hay una subregión contraria a la secesión?’’
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‘’Lo que pretendo fundamentalmente es que la democracia invite a los conciudadanos a aceptarse como tales en el seno de un Estado y no a transformarse en extranjeros. Los ciudadanos de una democracia están unidos por un principio de solidaridad o de lealtad mutua. Todos ellos deben prestarse asistencia más allá de cualquier consideración de raza, religión o pertenencia a una región. Por ello, todos los ciudadanos son, en cierto sentido, propietarios de todo el país, con su potencial de riquezas y de solidaridad humana. Ningún grupo de ciudadanos puede tomar la iniciativa de monopolizar la ciudadanía en una parte del territorio nacional, ni despojar a sus conciudadanos, contra su voluntad, de su derecho de pertenecer plenamente al conjunto del país. Todos los ciudadanos deberían estar en condiciones de transmitir este derecho de pertenencia a sus hijos. En un supuesto ideal, ese derecho nunca debería ser cuestionado en una democracia. Ésta es sin duda la razón por la que tantas democracias se consideran indivisibles.

Puesto que la lealtad establece un vínculo entre todos los ciudadanos por encima de sus diferencias, ningún grupo de ciudadanos en un Estado democrático puede apropiarse del derecho a la secesión bajo el pretexto de que sus atributos particulares, como la lengua, la cultura o la religión, le permiten optar al título de nación o de pueblo distinto dentro del Estado.

Nos encontramos aquí, sin duda, con la razón fundamental por la cual tanto el derecho internacional como la práctica de los Estados sólo reconocen el derecho a la secesión en situaciones coloniales o de violación manifiesta de los derechos humanos. En las circunstancias extremas en que un Estado se niega a tratar a un grupo de ciudadanos como ciudadanos y pisotea sus derechos de ciudadanía, entonces éstos, a su vez, tienen derecho a no considerarlo más como su Estado.

Tienen ese derecho, no debido a rasgos distintivos relacionados con la raza, la lengua o la religión, sino porque, al mismo título que los demás seres humanos, son portadores de un derecho universal a la ciudadanía. El hecho de saber que permanecerán juntos alienta a los ciudadanos a desplegar esfuerzos con miras a una cooperación activa y sincera, y a considerar esta cooperación a lo largo del tiempo, para las generaciones futuras.

En resumen, ¿por qué conservar unido un Estado democrático? Porque el principio de lealtad entre conciudadanos es esencial para la democracia. Ésa es, en mi opinión, la respuesta más universal y válida que se pueda dar en favor de la unidad nacional, por encima de las consideraciones nacionalistas. si bien la secesión no es un derecho en una democracia, sigue siendo una posibilidad que el Estado existente puede aceptar ante una voluntad de separación pacífica claramente manifestada. Es posible que la negociación de una secesión parezca como la menos mala de las soluciones posibles en caso de que una población manifieste claramente su voluntad de dejar de formar parte del país.

Pero justamente porque la secesión, es decir la transformación de conciudadanos en extranjeros, es una cosa grave, probablemente irreversible, que compromete pues a las generaciones futuras, sólo un apoyo claro de la secesión debería conducir a su negociación. Y precisamente porque una secesión sería algo sumamente complejo de negociar, que comportaría enormes riesgos, no podría efectuarse de manera unilateral, al margen del derecho.

Si un gobierno secesionista es lo bastante irresponsable para tratar de efectuar la secesión unilateralmente, al margen del derecho, el Estado existente debe mantener, pacíficamente, el orden constitucional y continuar cumpliendo sus responsabilidades hacia la población afectada, que continúa siendo parte del país existente y disfrutando de su ciudadanía. El hecho es que una secesión unilateral es impracticable en una democracia.

Si tuviera que resumir en una sola proposición, diría lo siguiente: un país tiene las mejores posibilidades de mejorar si todos los ciudadanos adhieren al principio de lealtad. Ese principio se enuncia así: «Pase lo que pase, optaremos por permanecer juntos». ’’

sábado, 14 de septiembre de 2013

Catalunya secesión. Claridad canadiense, I

Una aportación valiosa. Ley de Claridad canadiense

Por su interés para el debate secesionista, dado que muchos independentistas se apoyan en la Ley de Claridad canadiense, sobre la secesión de Quebec, a continuación publico extractos de la alocución de Stephan Dion en el Real Instituto Elcano, el 9 de abril pasado. Dion fue clave para la consecución de la citada Ley de Claridad en Canadá.

Secesión y democracia: una perspectiva canadiense. Notas para una alocución de D. Stéphane Dion Miembro del Consejo Privado de Canadá y diputado federal por la circunscripción de St-Laurent / Cartierville. Cámara de los Comunes de Canadá.

1.      ¿En qué se basa el movimiento secesionista quebequense?

Ante todo, se trata de un movimiento identitario. Aunque los partidos independentistas quebequenses se esfuerzan por convencer a sus conciudadanos de la rentabilidad económica de la independencia, su punto de vista sigue siendo minoritario. Quebec es una provincia menos rica que la media canadiense y el conjunto de Canadá ofrece posibilidades económicas mucho más variadas que cada una de sus diez provincias por separado.
A pesar de todo, los independentistas son minoritarios en Quebec. Sus propuestas fueron derrotadas en los dos referéndums celebrados hasta ahora (1980 y 1995) y los resultados de los sondeos no les son favorables. Aunque el partido que gobierna actualmente en Quebec es independentista, la mayoría de los quebequenses no es favorable a la independencia y se opone fuertemente a la idea de celebrar un tercer referéndum.
Los sondeos de opinión muestran constantemente que la mayoría de los quebequenses se siente orgullosa de ser canadiense, orgullosa de este país a cuya construcción han contribuido los quebequenses con los otros canadienses y que es admirado en todo el mundo. Son muchos los quebequenses que consideran que su doble pertenencia —quebequense y canadiense— es una ventaja, no una contradicción. En este sentido, el reto del movimiento independentista, con el que se obstina desde hace décadas, consiste en convencer a los quebequenses de que serían más felices si dejaran de ser canadienses.

2.      ¿Se considera Canadá un país divisible?  Sí.

Ningún partido político reconocido en el Parlamento o en las asambleas legislativas provinciales se ha declarado a favor de retener a los quebequenses contra su voluntad, siempre que su deseo de secesión se exprese claramente y que se negocie debidamente un acuerdo de separación dentro del marco constitucional canadiense con ánimo de justicia para todos. En Canadá no existe el equivalente del artículo 2 de la Constitución española que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

España dista mucho de ser la única democracia que se afirma como entidad indisoluble. Ya sea en su Constitución, o bien a través de su jurisprudencia, muchos países se declaran indivisibles: Francia, Estados Unidos, Italia, Australia, etc. Estos estados democráticos consideran que el país no puede ser dividido, ya que cada parcela del territorio nacional pertenece al conjunto de los ciudadanos, y garantizan a todos sus ciudadanos que la pertenencia al conjunto del país es un legado que podrán transmitir a sus descendientes.
3.      ¿En Canadá, es un derecho la secesión? No.

La secesión se admite como una posibilidad, no como un derecho. El gobierno de una provincia no tiene derecho a autoproclamarse gobierno de un Estado independiente. Conforme al derecho, no puede realizar la secesión unilateralmente sin un acuerdo negociado con el Estado canadiense. Ni el derecho internacional ni el canadiense le otorgan este derecho. En su dictamen de 1998, la Corte Suprema de Canadá confirmó que “en términos jurídicos, se considera que la secesión de una provincia de Canadá debe requerir una modificación de la Constitución, lo cual exige necesariamente una negociación” (párrafo 84) “dentro del marco constitucional existente” (párrafo 149).

El gobierno de Quebec no puede arrogarse un derecho a la secesión unilateral alegando que los quebequenses forman un pueblo o una nación. Como dijo la Corte Suprema: “(...) sea cual sea la definición exacta de pueblo(s) que se aplique a este contexto, el derecho a la autodeterminación no puede ser, en las circunstancias actuales, el fundamento de un derecho a la secesión unilateral”.

4.      ¿Tiene derecho el gobierno de una provincia canadiense a celebrar un referéndum sobre la secesión?  Sí.

El gobierno de una provincia puede consultar a su población mediante referéndum sobre cualquier cuestión y decidir el enunciado de la pregunta. No obstante, los referéndums en Canadá tienen carácter consultivo, no decisorio. Como indica la Corte Suprema: “este voto democrático, sea cual sea la amplitud de la mayoría, no tendrá de por sí ningún efecto jurídico”.

5.      ¿El hecho de que un referéndum sea tan sólo una consulta significa que Canadá podría mantenerse indiferente a la expresión, a través de un referéndum, de una voluntad clara de secesión?   No.

Jean Chrétien, ex primer ministro de Canadá, declaró el 8 de diciembre de 1997: “Ante esta situación (un apoyo claro a la secesión), indudablemente habrá negociaciones con el gobierno federal”. Yo mismo he destacado muchas veces este principio en mis discursos y cartas públicas, empezando por mi primera declaración como ministro en 1996: “Si, desafortunadamente, Quebec votara con una mayoría firme sobre una pregunta clara a favor de la secesión, considero que el resto de Canadá tiene la obligación moral de negociar el reparto del territorio”.

El dictamen de la Corte Suprema en 1998 confirmó que esta obligación de negociar sólo puede plantearse ante “una mayoría clara de la población de Quebec favorable a la secesión, en respuesta a una pregunta clara” (párrafo 93). Esta obligación no existe si la expresión de la voluntad democrática está “en sí, llena de ambigüedades”. Por lo tanto, hay negociación si el apoyo a la secesión es claro; pero si este apoyo no es claro, no hay negociación; y sin negociación, no hay secesión. Aquel es el dictamen emitido por la Corte Suprema en 1998, dictamen puesto en aplicación por la Ley sobre la claridad, adoptada por el Parlamento de Canadá en 2000
.

6.      ¿Si la obligación de negociar la secesión depende sólo de un apoyo claro, quién debe evaluar la claridad?

La Corte Suprema asigna este papel a los actores políticos: “Sólo los actores políticos tendrían la información y la competencia para juzgar en qué momento deberían resolverse estas ambigüedades en un sentido o en otro”.

Le incumbe al gobierno de la provincia elegir la pregunta que se debe formular. La Ley sobre la claridad establece que la Cámara de los Comunes, tras las debidas consultas y deliberaciones, deberá determinar, mediante una resolución y antes del referéndum, si la pregunta es clara. Si, según la Cámara, la pregunta no está formulada claramente, el referéndum no puede conducir a la negociación de la secesión.
Después de un referéndum sobre una pregunta clara, si el gobierno provincial cree que ha obtenido un apoyo claro a la secesión, la Cámara de los Comunes estudiará la claridad de la mayoría. Únicamente si, tras las consultas y deliberaciones debidas, la Cámara concluye, mediante una resolución, que existe una mayoría clara, el gobierno de Canadá puede y debe iniciar las negociaciones sobre la secesión.
En resumidas cuentas, se necesita una pregunta clara y una mayoría clara.

7.      ¿Qué es una pregunta clara?

Todos sabemos lo que sería una pregunta clara sobre la secesión. Lo complicado es imaginar una pregunta confusa. La Corte Suprema habla de “la voluntad de no seguir formando parte de Canadá”. Cuanto más se acerque la pregunta a este enunciado, más clara resultará. Pero se puede formular de muchas maneras: "¿Desea usted que su provincia se separe de Canadá?" o: "¿Desea usted que su provincia deje de formar parte de Canadá y se convierta en un país independiente?"
Si la Corte Suprema de Canadá, en su dictamen de 1998, insistió sobre la claridad de la pregunta, se debe indudablemente a que esta claridad fue cuestionada durante los referéndums quebequenses de 1980 y 1995. Las preguntas habían sido redactadas por el gobierno del Partido Quebequense con el fin de incrementar artificialmente el apoyo a la respuesta afirmativa, sobre todo mezclando el proyecto de independencia y el mantenimiento de una posible asociación con Canadá.

8.      ¿Qué es una mayoría clara?

La Corte declara que el principio de la democracia va más allá de la regla de la mayoría simple. De este modo, confirma que la obligación de entablar una negociación sobre la secesión sólo puede surgir “de una mayoría clara de la población de Quebec a favor de la secesión en respuesta a una pregunta clara”. En su dictamen, la Corte menciona al menos trece veces la expresión “mayoría clara” o “clara mayoría”, además de hablar de “la amplitud” de la mayoría. También se refiere a una “mayoría clara de la población de Quebec”, lo cual abarca algo más que la cantidad de personas que voten.
Existen dos razones fundamentales por las que la negociación de una secesión debería llevarse a cabo sobre la base de una mayoría clara:
La primera es que, cuanto más pone en tela de juicio una decisión los derechos de los ciudadanos, más irreversible resulta, más compromete a las generaciones futuras, y más exigente debe ser la democracia con respecto al procedimiento a seguir para adoptar dicha decisión. Es indudable que la secesión es un acto grave y probablemente irreversible. Se trata de un gesto que compromete a las generaciones futuras y tiene consecuencias importantes para todos los ciudadanos del país dividido.
La segunda razón es que la negociación de la escisión de un Estado moderno sería, inevitablemente y a pesar de la mejor voluntad del mundo, una tarea difícil y llena de obstáculos. No debería ocurrir que, mientras los negociadores tratan de llegar a un acuerdo de separación, la mayoría cambie de opinión y se oponga a la secesión. Sería una situación insostenible. Por ello, el proceso sólo debería ponerse en marcha cuando haya una mayoría clara, para que dicha mayoría tenga posibilidades de mantenerse a pesar de las dificultades de la negociación.

Además, establecer por adelantado los límites de una mayoría, sean cuales fueren, nos expondría al riesgo de que una decisión tan grave como la de elegir un país dependa de los resultados de un recuento judicial o de un examen de los votos rechazados. Sería una situación insostenible, e incluso insensata.
Para limitar los riesgos de desacuerdo sobre la claridad de la mayoría, basta con que el gobierno que propone la secesión no celebre el referéndum antes que tenga la seguridad razonable de que puede salir victorioso de él. Esta seguridad se desprendería de diversos indicadores: mayorías claras y estables a favor de la secesión (según los sondeos) y adhesión, a esta idea, de las distintas fuerzas políticas.

9.      ¿Deben las negociaciones desembocar obligatoriamente en la secesión?  No.

La obligación de negociar no equivale a una obligación de llegar a resultados, pero todos los participantes en las negociaciones sobre la secesión deberían obrar conforme a cuatro principios constitucionales establecidos por la Corte suprema: “el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho y la protección de las minorías” (párrafo 90). El gobierno de Quebec no podría decidir por sí solo lo que sería negociable y lo que no. “No podría tratar de invocar un derecho a la autodeterminación para dictar a las otras partes las condiciones de la secesión” (párrafo 91). Tendría “derecho a tratar de realizar la secesión” (párrafo 92) mediante negociaciones basadas en los principios mencionados.

Estas negociaciones, “periodo de incertidumbre y de trastornos profundos”, tratarían inevitablemente de “multitud de cuestiones muy difíciles y muy complejas”, según indica la Corte Suprema. La Corte menciona las cuestiones económicas, la deuda, los derechos de las minorías, los pueblos indígenas y las fronteras territoriales. Debido precisamente a la dificultad inherente de esta tarea, sólo puede plantearse en el marco del derecho y sobre la base de un apoyo claro.

10.      ¿Podría el gobierno independentista desdeñar el derecho y realizar la secesión unilateralmente?  No.

La Corte Suprema nos dice que un intento de secesión unilateral se haría “fuera del derecho” y en un contexto en el que las instituciones que gobiernan en Quebec “no pueden, según el derecho internacional, realizar unilateralmente la secesión de Quebec de Canadá”.
De este modo, el gobierno secesionista no podría contar con la norma jurídica que le permitiría imponer la secesión unilateral a quienes no la desean. No tendría medios de lograr que se le obedezca y haría correr a toda la sociedad peligros inaceptables en una democracia.
Para realizar la secesión se necesitaría no sólo el consentimiento sino también la participación activa del gobierno de Canadá, aunque sólo sea por consideraciones prácticas.
Habría que encontrar la forma de transferir miles de funcionarios de los ministerios y organismos federales a la función pública quebequense, así como toneladas de leyes y reglamentos, millones de declaraciones de rentas, etc. La escisión de un Estado moderno como Canadá podría convertirse en un caos administrativo. Es obvio que sólo podría efectuarse con el asentimiento y la participación del gobierno de Canadá.
Esta participación necesaria del gobierno de Canadá no se podría obtener en caso de declaración unilateral de independencia. Al contrario, la secesión unilateral es imposible en la práctica además de carecer de fundamento jurídico.
11.    ¿Podría obtener reconocimiento internacional un intento de secesión unilateral?  No.

La Corte Suprema analiza esta posibilidad de manera muy prudente y realista; previene que cualquier intransigencia canadiense aumentaría “probablemente” las posibilidades de reconocimiento internacional de un intento de secesión unilateral. Pero de hecho, no existen precedentes: ningún Estado creado mediante secesión unilateral ha sido admitido en las Naciones Unidas contra la voluntad manifiesta del gobierno del Estado anterior. La práctica de los Estados demuestra una reticencia extrema a reconocer las secesiones unilaterales fuera del contexto colonial. Por lo tanto, los quebequenses no deberíamos optar por una secesión pensando que podríamos contar con un apoyo internacional que iría contra la voluntad del Estado canadiense, porque esto iría contra la práctica de los Estados. 
Conclusión

En definitiva, la secesión es una empresa peligrosa y difícil que conviene resolver en el marco general de la primacía del derecho, mediante negociaciones basadas en los principios que definen a un país, cuales, en nuestro caso, son el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la primacía del derecho y la protección de las minorías. El elemento de activación de estas negociaciones sería la expresión de un apoyo claro a la secesión.

Estos son los principios sencillos que enuncia la Corte Suprema de Canadá y que pone en aplicación la Ley sobre la claridad para proteger los derechos y los intereses de todos los canadienses, particularmente de los quebequenses.Si los quebequenses renunciamos claramente a Canadá, con una clara mayoría y en respuesta a una pregunta clara sobre la secesión, los gobiernos tendrían el deber de entablar negociaciones sobre la secesión, que deberían llevarse a cabo dentro del marco constitucional canadiense, con el fin de llegar a un acuerdo de separación que sea justo para todos.

Independientemente de que estemos por la unidad canadiense o por la independencia de Quebec, debemos ponernos de acuerdo sobre un principio fundamental: un consentimiento expresado claramente. La secesión de Quebec del resto de Canadá sólo debe intentarse cuando los quebequenses la hayan apoyado claramente.
El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. En cambio, la secesión pide a los ciudadanos que rompan este lazo de solidaridad que los une y que procedan así, casi siempre, sobre la base de pertenencias específicas a una lengua o a una etnia. La secesión es un ejercicio, raro e inusitado en la democracia, por el que se elige a los conciudadanos que se desea conservar y los que se desea convertir en extranjeros.

Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse y acercarse. La secesión automática impediría a la democracia absorber las tensiones propias de las diferencias. El reconocimiento del derecho a la secesión cuando se solicite invitaría a la ruptura desde el momento en el que se planteen las primeras dificultades, según divergencias que podrían crearse en función de atributos colectivos, como la religión, la lengua o la etnia. Ello no significa que un Estado democrático debe rechazar cualquier solicitud secesionista que se produzca en él. Ante la voluntad clara de secesión, el Estado puede llegar a la conclusión de que aceptar dicha secesión es la solución menos mala.