¡A forrarse!

Colaboración del invitado Francisco Javier Vivas

La interceptada conversación telefónica entre Vicente Sanz, entonces poderoso presidente provincial del PP valenciano, y un joven Eduardo Zaplana, recién llegado a la alcaldía de Benidorm gracias a una tránsfuga (el chico apuntaba maneras), revelaba en una frase, por si alguien lo ignoraba, la concepción esencial de la política que tiene la derecha hispánica: Yo estoy en política para forrarme. Y parece que expresaba un sentimiento muy compartido, pues en muchos lugares donde gobierna el PP la frase se ha tomado como una orden.
¡A forrarse! podría ser la libre traducción del mandato ¡Enriqueceos!, con que Adolfo Thiers, varias veces ministro y presidente de la República, animaba a sus coetáneos a invertir en el naciente capitalismo galo. La versión española mejora la del político francés, porque combina la castiza expresión popular forrarse, ganar dinero en abundancia sin reparar mucho en los medios, con la marcada tendencia pepera al mamoneo, al tiempo que hace una metafórica anticipación del gusto por los trajes gratuitos bien cortados, y naturalmente bien forrados (sobre todo en los bolsillos), de algunos implicados en la llamada trama Gürtel.
Junto con el caso Matas, que no sólo le afecta a él pues están imputados otros 11 altos cargos populares del gobierno balear y otros 7 de Unión Mallorquina, el sumario del caso Gürtel , extendido a cuatro comunidades autónomas, que afecta a altos cargos del PP, entre ellos al tesorero, a diputados autonómicos, consejeros, directores generales, alcaldes y concejales, y teniendo al fondo el que seguramente será caso Fabra, entre otros casos menores, revela que la corrupción no es un asunto propio de militantes de base, de choricillos de pueblo, ni de una región degradada por localizados malos usos, sino que se ha enquistado en el mismo corazón del PP (Bárcenas sigue siendo senador y teniendo despacho en la sede de Génova) y en altas instancias de gobiernos autonómicos. Por lo tanto, el Partido Popular ni es incompatible con la corrupción, como dijo Aznar, ni es implacable con los corruptos como ha afirmado recientemente Rajoy, sino más bien lo contrario.
Contra lo que afirma, a la derecha española le preocupa poco España. Las continuas proclamas patrióticas son sólo retórica y tinta de calamar, lo que verdaderamente le interesa son los negocios, no sólo limpios, y alcanzar el poder central, los autonómicos y los municipales facilita mucho ese objetivo. De modo que pudiendo haber luchado contra la corrupción, la derecha ha utilizado el poder político para extenderla y facilitarla.
Una gran parte de los casos de corrupción tiene que ver con la recalificación de terrenos, la promoción de viviendas, la adjudicación de obras, etc. etc.; con la construcción, en definitiva, porque ése ha sido también uno de los ejes del modelo económico por el que ha apostado el Partido Popular.
El 27 de julio de 1996, el Gobierno de Aznar emitía un real decreto (Real Decreto Ley 5/1996) que suprimía la distinción entre el suelo urbanizable y el suelo urbanizable no programado denominándose todo suelo urbanizable, reducía los plazos de información pública, agilizaba los trámites para urbanizar y reducía el porcentaje de terreno cedido a los ayuntamientos.
En marzo de 1998, el Congreso aprobaba por 167 votos a favor (del PP), 143 en contra y 4 abstenciones, la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo, que establece que todo el suelo nacional es urbanizable pero la última decisión sobre la calificación corresponde a las comunidades autónomas, introduce la figura del agente urbanizador no propietario y reduce el terreno que los promotores deben ceder a los ayuntamientos.
Pero faltaba otra medida. En 2003, se reformaba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el que se pretendía dificultar el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida entonces por el fiscal progresista Carlos Jiménez Villarejo. La reforma limitaba a seis meses la duración de las diligencias de investigación del fiscal, transcurrido ese tiempo la prórroga debía ser autorizada por el Fiscal General del Estado, que ya sabemos quien era.
En diciembre de 2006, el PP comunicó al Gobierno de Zapatero su intención de no participar en una reforma de la ley de municipios para obligar a alcaldes y concejales a hacer una declaración de bienes antes y después de ejercer el cargo, conferir al pleno municipal la aprobación de ciertos trámites urbanísticos, establecer una serie de incompatibilidades y facilitar apoyo técnico desde la Administración central a los ayuntamientos a la hora de evaluar los planes de urbanización propuestos por las promotoras inmobiliarias.
Así que todo lo que ha venido, y lo que queda por venir, no debe ser una sorpresa para nadie. Y mucho menos para Rajoy y los suyos.