Como dicen de forma parecida los autores del trabajo del que saco el cuadro publicado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO, a la vista de la diferente tasa de ganancia del sector farmacéutico, no debería extrañar todo tipo de presiones sobre los gobiernos y compra de personas por parte de estos tiburones de cara a asegurar sus buenas ganancias.
Vínculos de Consejeros de Sanidad del PP con las empresas adjudicatarias de contratos de la privatización sanitaria, Güemes, Lamela, Martin Ferrer, hermanos Echániz … No se preocupen, ‘es legal’, dice el presidente de Madrid Ignacio González. Ante dicha respuesta mi preocupación aumenta, justificarlo porque sea legal agranda el problema, así como que lo restrieguen con insolencia ante la cámara. Pues ¡cambien las leyes! Pero en todo caso, ¿no les parece a los votantes del PP, que algo oscuro se esconde tras los cambalaches de gerentes?
Es una ‘ladronada’, de las muchas que
hay en las filas de la derecha, comenzada en Valencia, secundada en Madrid y
ahora Castilla La Mancha, sin respuesta en contra por sus votantes, lo cual
supone la aprobación tácita, en todo caso apoyada por sus mayorías en dichas
comunidades plagadas de casos de corrupción y de gestores entrecruzados de lo
público a lo privado y a la inversa.
¿Recuerdan ustedes el 15-M?, en el
fondo eran las bases sociales ‘rojiverdesmalvas’ exigiendo regeneración
democrática y retirando apoyos a los partidos de izquierda. Para la
regeneración democrática de España falta que veamos cosas parecidas también en
las filas de la bases sociales de la derecha, en donde la ‘puerta giratoria’
entre intereses de todos y particulares, transitan velozmente entre consejeros
de Comunidades y sus familiares directos en cargos de responsabilidad pública y
privada ligadas a concesiones sanitarias, normalmente desconocidas para el gran
público.
Los privatizadores nunca presentan
estudios en los que basen sus tajantes afirmaciones, no existen, el proceso
transcurre bajo engaños de baratura con ocultaciones, -como el rescate a los hospitales privatizados de Madrid- falsedades, actos de fe… ante la falta
de evidencias empíricas que demuestren la mayor eficiencia privada, aparecen otras
con claridad; los vínculos personales entre intereses público-privados de
Capio, Ribera Salud, Sanitas… y el demostrado interés de los fondos de
inversión por meter capital en las propuestas privatizadoras, lo cual afirma su
rentabilidad económica. ¡Pero bueno!, no asegura la doctrina de los
privatizadores del PP, que la sanidad pública no es rentable. Lean la carta enviada por SEOPAN al Consejero de Sanidad en abril de 2011, negada, ocultada, por
el Gobierno de Aguirre y sintomática de la situación de desvío, ocultación de
costes y por tanto de aumento de deuda futura.
Interesante leer el posicionamiento de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) sobre las políticas de privatización de la gestión de los servicios sanitarios, del que destaco lo siguiente:
‘’Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones
del tipo “se ha comprobado
que el modelo de
concesión es más eficiente” y ”da buenos resultados clínicos”,
pese a su reiteración aun no se ha dotado de evidencia
que la sustente. Quienes
en nuestro país aplican sus saberes e instrumental
analítico a la evaluación de
políticas sanitarias apenas pueden ir más allá de
constatar que no se dispone de
evidencia que apoye esas aseveraciones. En buena medida
por insistencia
demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no
hacer pública la información
necesaria para verificarlas, lo que parece traducir un
importante desinterés por evaluar estos modelos y un claro déficit democrático.
La
limitada información disponible sobre este tipo de experiencias en nuestro país
hasta
ahora solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesiva
proximidad
entre autoridades y concesionarios, puede suponer al reducir la
eficacia
de la supervisión sobre los servicios prestados. La conveniencia política de
declarar
acertada la decisión adoptada exacerba el enorme riesgo de “captura del
regulador”,
fenómeno que describe la influencia de las empresas de un sector
sobre
la agencia gubernamental a cuyo control están sometidas, pudiendo, en
casos
extremos convertirse el regulador en defensor de los intereses de la
empresa dominante antes que de los propios encomendados.
También
la revisión encargada por el Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia
a expertos independientes del ámbito académico (3) considera que “de
los
modelos de concesión
administrativa sanitaria apenas se dispone de otros
«estudios» que los
publicados desde el entorno de las propias entidades
implicadas, más
cercanos a la propaganda que al análisis”. El
único intento serio
de
evaluación del denominado “modelo Alzira” (4), recurriendo al enfoque
denominado
“narrativa y cifras”, concluye que el proyecto original –muy similar al
ahora
propuesto - jamás habría sido viable de no ser por la renegociación del
contrato
de concesión que supuso un elevado coste a la administración pública,
con lo
que resulta difícil afirmar que haya tenido lugar verdaderamente una
transferencia de riesgos.’’
…/…
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