De los planes q pueden salvarnos, q poco se habla

A continuación tienen dos artículos que hablan de los planes que pueden salvarnos, a todos, los de un lado y otro. Son planes de los que apenas se discute, en todo caso solo conocerá usted frases grandilocuentes, pero muy pocos los conocen, no digo en su desarrollo, para lo cual hay que leer, no se conocen ni siquiera en sus titulares, en su apartados, pero llevan muchas horas de trabajo, de muchas personas, personal del Gobierno, del Estado, e instituciones privadas llevan meses estudiando, haciendo proyectos y presentándolos en diversas instancias, tanto nacionales como europeas. Pero solo resuena la voz de las zorrerías de MAR/Díaz, para distraer de lo esencial. Los dos artículos pueden servir de introducción al tema mas importante de estos momentos, ¿como salir de ésta e iniciar otro camino que nos pueda conducir a mejor lugar? Sin los planes estamos abocados a irnos muchos años atrás.

Infinitos proyectos, dinero limitado. Xavier Vidal Folch. 13-04-21

La incógnita se ha invertido: no dudamos si llegaremos, sino sobre en cuánto nos pasamos. Al lanzarse el plan de recuperación, la inquietud se cernía sobre si la economía española sería capaz de presentar suficientes proyectos, de buena calidad y en breve lapso de tiempo para acceder a las ayudas del Next Generation EU y programas adláteres. Hoy, las infinitas “manifestaciones de interés” de empresas y administraciones ya enviadas al Gobierno prefiguran que sus peticiones acaben desbordando ampliamente la cuantía de 72.700 millones en subvenciones europeas (ampliables hasta 83.200 millones) preasignados a España: una cantidad ingente, pero que con toda probabilidad será insuficiente para todos los demandantes.

Bastan unas muestras. Las empresas del Ibex tenían perfilados hace dos meses proyectos por un valor conjunto superior a 100.000 millones. Solo las energéticas diseñaron 400 proyectos e Industria recibía proyecciones de hasta 60.000 millones. La automoción planea invertir hasta 54.000 millones hasta 2040. La aeronáutica, 11.000 millones hasta 2026. Las constructoras, hasta 157.458 millones para 2030. Y otras cifras multimillonarias telecos, energéticas, sectores tecnológicos… Y las administraciones. Un botón: los 27 proyectos públicos y privados patrocinados por la Generalitat prevén aplicar 41.000 millones.

Claro que esa lluvia de cifras es una amalgama heterogénea e incompleta: hay protagonistas repetidos y horizontes temporales dispersos. Y además los fondos europeos solo cubrirán una porción de las inversiones: para algunos expertos, entre una tercera y una cuarta parte. Pero aun así, datos e indicios perfilan un desbordamiento de la convocatoria.

Más allá de lo cuantitativo, quizá el logro más relevante de la iniciativa pública europea, y de la convocatoria española, sea cualitativo. Al imán del apoyo público condicionado a revisar su propia estructura productiva orientándola a un futuro —ecológico, digital, social— distinto, el nivel de la respuesta empresarial —a la espera de datos oficiales, y a veces espoleada por gabinetes jurídicos y consultoras— está siendo contundente. Descontada la inevitable cuota de oportunistas, cazatalentos y funámbulos, muchas empresas (y organismos oficiales) han replanteado con seriedad sus modelos de negocio/servicio y sus planes estratégicos plurianuales. Han modulado sus vínculos con sus matrices y/o con sus filiales; han establecido nuevas alianzas intersectoriales (por ejemplo, entre industrias automotrices y energéticas). Han iniciado consorcios con el sector público y vínculos con otras compañías europeas. Han repensado su posición en el mercado, y para un mercado cambiante.

Inevitablemente, muchos de sus proyectos quedarán en el camino: o porque los hay mejores en el mismo sector, o porque son deficientes, o porque no habrá bastantes fondos. Hay que prever el rebote de frustración, y prepararse para hacerle frente. ¿Cómo? En cuanto a la financiación, los buenos proyectos viables deberían tener oportunidad, incluso aunque no fuesen los primerísimos. Una vez se agote la disposición de los subsidios quedaría el recurso a los préstamos baratísimos del Mecanismo de Estabilización o Mede (del que España podría absorber 24.000 millones de euros); los del programa InvestEU, el sucesor del Plan Juncker (que ha cofinanciado proyectos generadores de inversiones por 514.000 millones), y que aproximadamente lo repetirá hasta 2027; o, entre otros, los del Banco Europeo de Inversiones, que aún podrían multiplicarse. Eso valdría también para todos los proyectos —incluyendo de forma transitoria a los ganadores— si el episodio del bloqueo del Tribunal Constitucional alemán prolonga el retraso en la disponibilidad de los fondos Next Generation. Pero entonces quizá cabría combinarlos con un mayor endeudamiento directo de la Comisión, de forma similar al programa SURE, que respalda con 100.000 millones operaciones laborales como los ERTE.

En cuanto a la gobernanza, el rechazo de planes correctos inducirá críticas acerbas que entorpezcan el plan y tiendan a deslegitimarlo. Descartada la opción de una agencia independiente, la administración en solitario no se bastará para conjurar este peligro. Activar los foros de participación y grupos de alto nivel (previstos en el artículo 17 de la ley que regula los fondos), y su capacidad de efectuar “recomendaciones” es una opción útil. Para convencer a los segundones de que otros merecían el primer puesto. Objetivamente.

Cómo saber si España puede. Cristina Monge. 15-04-21

Enfoques a corto, medio y largo plazo; cuatro objetivos transversales; diez “políticas palanca” con sus 30 “componentes”; y 70.000 millones de euros para invertir entre 2021 y 2023 con el objetivo de modernizar la economía española, entendiendo por tal, como la Unión Europea ha definido, su digitalización y transición ecológica.

No han faltado adjetivos ni comparaciones con los grandes momentos de la Historia reciente española para definir España Puede, el plan que el Gobierno enviará a la Comisión Europea en unos días para determinar el destino de los fondos Next Generation UE, y no es para menos. La transversalidad de las políticas que abarca, la magnitud de los fondos disponibles, y sobre todo la necesidad de la que parte, no aconsejan otra cosa y obligan a hacer de éste un “Proyecto país”.

Un proyecto de país no solo pertenece al Gobierno, ni a las Administraciones Públicas, ni a las empresas o agentes sociales. Un proyecto de país es de todos estos agentes y otros más, tanto de los que tienen hoy responsabilidades en organismos públicos, privados y sociales, como de los que pueden tenerlas en el futuro.

Tanto es así que este programa, consciente de la complejidad que encierra, propone medidas a ejecutar entre 2021 y 2023, y deja deliberadamente pendiente lo restante hasta 2026. Esto, que podría considerarse un ejercicio de prudencia, resulta confuso al carecer del instrumento fundamental que le daría consistencia: la medición del impacto que estas políticas van a generar para conseguir el objetivo último, que no es otro que “avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria”. ¿Cómo se sabrá si las políticas son las adecuadas y están surtiendo los efectos oportunos? ¿Cómo se comprobará qué políticas están siendo más eficaces, cuáles a medias y cuáles menos? Y además, ¿cómo podremos seguirlo, entenderlo y evaluarlo el conjunto de la ciudadanía? Más allá de las auditorías y controles de gasto y legalidad oportunos, nada se dice del impacto.

Esta sería una ocasión de oro para recuperar una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que pudiera seguir y valorar el impacto de lo implementado. Si esto no es posible, al menos sería deseable definir unos indicadores de impacto que permitieran medir el alcance de lo hecho y programar los siguientes ejercicios de acuerdo al resultado de la evaluación. Y si esto tampoco fuera viable, resultará, al menos, imprescindible, que este programa entre dentro del perímetro de acción de Cumpliendo, el proceso de rendición de cuentas que acaba de nacer y que pretende mostrar a la ciudadanía el cumplimiento de los compromisos de gobierno.

Lo que no se mide no se puede mejorar, y en este programa nos jugamos demasiado. España necesita afrontar transformaciones esenciales. Una de ellas, y no la menos importante, tiene que ver con la participación, la transparencia, la evaluación sistemática y la rendición de cuentas.

‘’España Puede’’

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx