El grado de gasto público de un estado y su distribución territorial, puede considerarse una medida de
descentralización que en cierto sentido mide la cualidad federal de ese
estado, entendida como la atribución de
soberanía que comparten diferentes territorios con distintas administraciones
públicas gobernando en ellos. A pesar de
los cabreos que se originan diariamente, que para algunos justifican la
conveniencia de una desmembración del estado para dirigirlo hacia una
federación, la realidad concreta que ofrecen los estudios es que España es un
estado federal, comparable con otros estados federales en cuanto atribuciones
cedidas a los territorios, las CCAA,
tiene una estructura particular con algunas deficiencias,
como la financiación, etc. y el Senado que habrá que reconvertir ya, en Cámara Territorial donde diriman sus diferencias los territorios y no siempre en
peleas bilaterales con el Gobierno Central, mas propio de una confederación que de federación. 
Los dos cuadros proceden de: ‘El gasto público en España en perspectiva
comparada: ¿Gastamos lo suficiente? ¿Gastamos bien? publicado por Santiago Lago
peñas y Jorge Martínez-Vázquez en la revista Papeles de Economía Española núm.
147 del año 2016. En el primer cuadro, (Gráfico 10) la comparación se
realiza para el período 1995-2012, entre España y los países europeos de la
OCDE, que prácticamente son la UE, entre ellos hay algunos federales como
Alemania, Bélgica, Austria. El gasto público total como porcentaje del PIB
imputable a gobiernos subcentrales –territoriales- españoles se encuentra sobre
el 25%, mientras en el caso de gobiernos subcentrales europeos representa un
15%. El segundo cuadro (Gráfico11) compara gastos de los gobiernos
subnacionales, territoriales, por funcionalidad y como porcentaje del PIB. Para
hacerlo sencillo pueden mirar solo la cifra expresada para 2011, barra azul
completa, pero merece detenerse en los componentes de gasto, testimonian un
catálogo de atribuciones que tienen los territorios tales como: educación,
sanidad, orden público, cultura, protección social, medio ambiente, vivienda,
lo cual es una muestra de soberanía cedida/compartida.
En España a comienzos del siglo XXI
por encima del 40% del gasto público total lo gestionaban los territorios, que
pasaría a ser un porcentaje superior al 50%, si excluyéramos la Seguridad
Social del cómputo Central, supone un 27% del total, la Administración Central
gasta un 23%, sin S.S. El componente mayor del gasto público son las pensiones
que paga el Estado central. Las CCAA
concentraban en 2001 la mitad del empleo público, el 70% si se excluye la Seguridad Social. ‘Mediterráneo Económico, núm. 10, Cajamar. ‘Un
análisis comparado del gasto público autonómico’. J.M. Domínguez, R. López del
Paso y N. Rueda. Y ante esto, ¿qué hacemos, destruimos todo lo realizado,
autodeterminamos todos los territorios y comenzamos como si estuviéramos en la
Edad Media a crear una república federal? ¿No parece un poco estúpida la idea?
Lo progresista es luchar contra la
reacción que representa el nacionalismo, contra políticas y objetivos que
hunden sus raíces en la xenofobia, en el tribalismo; lo progresista es no
apoyar poner fronteras, contra políticas lingüísticas que condenan a los
catalanes de segunda fila, antes emigrantes constructores de Cataluña, a ser
marginados de los puestos de representación y responsabilidad. Lo progresista
es luchar contra las injusticias cometidas a diario, contra gente que ocultan,
por el mero hecho de no apoyar la independencia y son desterrados socialmente.
Progresista es luchar contra la credibilidad generada por los independentistas, contra los dogmas que difunden los poderes
soberanistas y defender la igualdad de derechos para toda la ciudadanía.
Progresista es luchar antes de que sea tarde contra el tradicionalismo, el
nacionalismo y el fascismo que se está instalando tras la cortina de la
independencia.
Canta Raimon, ‘D’un temps, d’un país’:
Lejos de recuerdos
inútiles
Y de viejas pasiones
No iremos a la zaga
De antiguos tambores.
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