La OIT Organización Internacional del Trabajo (ILO, en inglés) sacó el mes pasado el informe sobre Protección social, estudio que realiza en casi todos los países del mundo. El estudio es muy amplio e interesante, y tiene sentido mirarlo una vez más -el anterior informe fue el de 2014-2015- para no perder la perspectiva del largo plazo en las comparaciones relativas con el resto del mundo. En todo caso este tipo de información es útil para definir la situación actual y las metas, determinar direcciones de caminos a tomar en función de la situación nuestra y mundial y de los objetivos.
Cuando se analizan cuestiones acaecidas en los últimos años tiende a aparecer el pesimismo, justificadamente, por los destrozos tan grandes ocasionados entre la población y por la nueva normalidad instalada tras la crisis; en esos años España se ha distanciado del resto de socios europeos, la desigualdad ha aumentado y la precariedad se ha instalado y no parece que haya intención de converger en gasto social, en igualdad en preparación para abordar el futuro. No se vislumbran políticas ni planes que ayuden a ello, lo cual hace pensar que no se ha terminado de caer.
En líneas generales el informe refleja que la situación es mejor en Europa que en el resto del mundo, el sistema europeo sigue apareciendo como el mas avanzado logro social de libertad igualdad y solidaridad. Y respecto a España en la comparativa internacional, está entre el grupo de cabeza, con los europeos occidentales, dentro del grupo de países con altos ingresos. En el informe definen la protección social de la siguiente manera:
La protección social, o la
seguridad social, es un derecho humano definido como el conjunto de políticas y
programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en
todo el ciclo de la vida. Comprende las prestaciones familiares y por hijo; las
prestaciones de desempleo; las prestaciones en caso de accidente del trabajo y
de enfermedad profesional; las prestaciones de enfermedad; las prestaciones de
protección de la salud y de vejez; las prestaciones de invalidez y de
discapacidad; y las prestaciones de sobrevivientes. En un sistema de protección
social, estas contingencias se gestionan mediante una combinación de regímenes
o programas contributivos (seguro social) y de prestaciones no contributivas
financiadas mediante impuestos, incluida la asistencia social.
PD: Los buenos datos globales relativos a la situación española en la comparativa mundial, son compatibles con una pérdida enorme desde la crisis en muchos aspectos de justicia social como indican los informes que publiqué de la Fundación Bertelsman sobre el índice justicia social en la UE, del que traigo aquí un chart sobre la deplorable situación de España respecto a la UE. La realidad tiene muchos aspectos y aristas a los que debemos acostumbrarnos.
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