Es momento para pensar, informarse y hablar sobre el problema de la vivienda. Si quieres buena nformación con poca lectura, en un solo texto y sencillo, lo encontrarás en el libro de Jorge Galindo. Una buena selección de información e ideas. Aquí te dejo uno de sus artículos recientes.
Descongelar la
vivienda. Jorge Galindo 26-08-2026 El País
No vale la pena facilitar la
construcción ni revisar regulaciones, trámites y exigencias que anteponen
cualquier prioridad a una nueva vivienda: al parecer, importa más tener
edificios de cero emisiones, respetar una altura máxima, resolver otra ronda de
alegaciones, pedir dos veces el mismo permiso. Además, se argumenta desde el
ángulo izquierdo, lo que se construya en mercado libre acabará en las manos
equivocadas, no en las que la necesitan. Así que para qué ponerlo fácil.
Quedaría el parque ya construido para
resolver el descomunal y agudo problema de quienes, necesitándola, aún no han
podido acceder a una vivienda digna. Pero ahí, esta izquierda va incluso más
allá: su prioridad es frenar cualquier movimiento. Topes a los precios
y prórrogas encadenadas en el alquiler, con la esperanza de que nadie tenga que salir de
donde está. Pero entonces entrarán menos: bajará la rotación y habrá menos
propietarios dispuestos a someter su vivienda a una cadena perpetua de
incertidumbres. Paralizar desahucios para ciertos grupos, estigmatizando así a
esos mismos perfiles ante quien se plantea alquilarles su piso. Se consideran
incluso prohibiciones de compra para quien no vaya a habitar la vivienda que
adquiera, reservándola de facto a quien puede asumir una entrada de
40.000, 60.000, 100.000 euros. La ciudad como foto fija: que nada se mueva. Que
no pierda quien ya está, pero que tampoco llegue nadie.
Hay honrosas excepciones que pagan un
injusto, elevado peaje cuando se atreven a hablar de “construir” o “densificar”, o cuando advierten de que quizá haya
que cuidar la oferta existente si no queremos que desaparezca del todo:
entonces sus socios-rivales, dentro o fuera de sus partidos, alzan voz y
bloqueo para condicionar toda decisión.
La contradicción se extrema cuando la
misma izquierda defiende una política migratoria ambiciosa en su afán de acoger. Cada año, miles de personas
llegan a nuestras ciudades a trabajar, estudiar, cuidar, sostener buena parte del
crecimiento, el empleo y el bienestar del que (con razón) nos gusta presumir.
Pero ¿adónde van a llegar estas nuevas familias, estos nuevos hogares, en
condiciones mínimas de dignidad, si todo está congelado?
¿Quién sostiene estas políticas? Las
explicaciones más desnudas acusan a los boomers de proteger sus privilegios, el valor de sus
viviendas y sus barrios, pero eso no explica por qué hay tanta gente milenial o
de la generación Z a favor de la congelación. Así que quizás el mecanismo pase
más por la clase y el entorno: amplios sectores medios y acomodados de los centros
urbanos no están dispuestos a asumir ni un ápice de dinamismo, ni la más mínima
pérdida del valor percibido de su barrio. Ahí se activa el bloqueo, y la
izquierda, que depende de estos votantes, responde. Aquí no va la nueva
vivienda. Antes que eso va tal o cual necesidad puntual del barrio. O es más
importante respetar tal o cual exigencia. O que mis vecinos no cambien, que me
gusta el barrio como está, y para eso me sirven el control o las prórrogas de
alquiler. O no te gastes tus presupuestos municipales en desarrollar nuevas
zonas: primero peatonalízame mi calle. David Mejía lo describió con precisión:
“Queremos que la gentrificación se detenga exactamente en nuestro poder
adquisitivo”. Una sociedad civil urbana orientada hacia el no. Conservacionismo
con disfraz progresista.
Si entendemos el progreso como “más;
para cuantos más, mejor; y primero para quien más lo necesita”, el objetivo
debería estar claro: que haya tanta vivienda disponible como sea posible,
destinada a quien va a vivir en ella, y primero para quien más sufre al no tenerla.
Lo primero es el impulso. El déficit acumulado
es tal que necesitamos al mercado y al Estado contribuyendo a la vez (llevamos
media década terminando menos de 100.000 casas al año para casi 250.000 hogares
creados), pero lo interesante es que el tipo de vivienda que debería pasar por
delante de esas prioridades regulatorias y burocráticas, la que no estaría
expuesta a ser capturada por unos pocos ni por quienes no van a vivir en
ella, tampoco se construye. Ni siquiera donde este último argumento tendría más
recorrido. Entre 2021 y 2025, en provincias muy expuestas al apetito foráneo
como Alicante, Málaga y Baleares se han creado unos 160.000 hogares. A la vez, los no residentes han adquirido casi 170.000 viviendas. Para ese periodo, estas
provincias reportaron al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana algo más de
2.000 calificaciones definitivas de vivienda protegida.
Aunque la cifra esté infrarreportada, sigue quedando muy por debajo de la
demanda acumulada, especialmente en un contexto en que compite con un volumen
enorme de compras a manos de no residentes. De mercado libre, por cierto, se
terminaron apenas 66.000. Cualquier gestor, público o privado, con o sin ánimo
de lucro, que haya intentado movilizar proyectos da capo se ha topado
con el mismo muro: convertir suelo en barrio puede tardar más de una década
incluso aunque el suelo sea de titularidad pública, porque cada paso y cada
informe puede parar un proyecto, y cualquier otra prioridad parece pesar más
que la nueva vivienda. Revisar ese entramado no es una concesión al mercado: es
la condición para pasar de las promesas frustradas a las llaves entregadas
también en vivienda protegida.
También se puede empujar la vivienda
existente hacia ese uso residencial de largo plazo, sobre todo en alquiler,
algo que ayudará en el temido mientras tanto (que, por cierto, solo debería ser
aliciente, nunca excusa, para empezar a construir cuanto antes). Podemos
empezar por un seguro público de alquiler al estilo francés, mucho más
ambicioso y decidido que los tímidos intentos en marcha: que mutualice el
riesgo de impago en lugar de cargarlo sobre un casero concreto, y que proteja
sin señalar a nadie. Y continuar por retirar las trabas al alquiler de larga
duración (controles, prórrogas, prohibiciones de desahucio) para que al
propietario le compense frente al de temporada o el turístico.
Pero si el impulso nos ayuda con más
y para cuantos más mejor, encauzar el mercado contribuirá a asegurar que
sea para quien más lo necesita. Es decir: para el uso residencial a
largo plazo. Aquí sirven los impuestos. A diferencia de las prohibiciones,
permiten ajustar la penalización al tamaño estimado del efecto nocivo,
convertirla en recaudación y hacerlo sin paralizar por completo nuestras
ciudades. Primero, desincentivemos de forma más decidida el uso esporádico de
las viviendas en zonas de alta demanda residencial, como hacen Vancouver o
París y como acaba de estrenar Nueva York con sus segundas residencias de lujo.
Para ello, experimentemos con formas de detectar el uso esporádico, como el
bajo o intermitente consumo eléctrico. Además, gravemos los usos que compiten
con el residencial de largo plazo: el alquiler turístico en barrios donde se ha
sobrepasado un cierto umbral, por ejemplo. Y
también, en determinadas provincias, contemplemos impuestos a la compra de no
residentes. Medidas que acotan un mercado, pero sin demolerlo.
Los mimbres de algunas de estas medidas
(seguro público, impuesto a las viviendas turísticas, eliminar puntos de veto
en nuevos proyectos) ya están en acciones o intenciones de gobiernos
progresistas. Pero quedan sistemáticamente eclipsadas, mermadas o directamente
bloqueadas por una manera de entender la política de vivienda hecha a medida de
las clases medias y acomodadas. Que mira hacia el Eixample y hacia dentro de la
M-30. Hipotecada a una base de votantes que no representa realmente a los
colectivos que más salen perdiendo con esta política. Que defiende un derecho a
que todo se quede como está.
Pero el derecho a quedarse no puede
coartar la oportunidad de llegar.
Jorge Galindo es director del Centro de Políticas
Económicas de Esade (EsadeEcPol) y autor de Tres millones de viviendas
(Debate).
