Los partidos necesitan una transformación profunda, aunque dudo mucho que una ley lo consiga, a pesar de todo mejor apoyar las propuestas de cambio.
Yo creo que la llave para abrir la puerta principal de los cambios legales, constitucionales, políticos y las relaciones de poder, es la ley electoral. Es la ley que relaciona representantes y representados, y la que debe asignar mucho mayor poder que el actual a los electores para que puedan influir sobre los partidos, sobre los elegidos, quitando poder a las cúpulas y pasándolo a la ciudadanía y revisando la circunscripción electoral que evite el coste de algunos escaños por 3 o 4 veces los votos de otros.
La sociedad española asiste preocupada y escandalizada al deterioro de la
política. Tras treinta y cinco años de democracia, los partidos funcionan mal.
Tal y como muestran todas las encuestas, los ciudadanos sienten que el nivel de
los políticos está por debajo de las exigencias de los problemas que afronta el
país. La corrupción se ha hecho crónica y, en mayor o menor medida, salpica a
los principales partidos. Hay una crisis de confianza en la política. No
podemos seguir así.
Las leyes y pactos para controlar la corrupción han fracasado. No faltan
leyes para castigarla, pero faltan normas que creen contrapesos en la política,
que establezcan más competencia entre políticos de un mismo partido y que
limiten el poder de las cúpulas dentro de las organizaciones políticas. Normas
encaminadas a evitar que la corrupción pueda crecer sin freno.
Los partidos políticos tienen un papel insustituible en todo sistema
democrático. A diferencia de lo que ocurre en otras democracias avanzadas, en
España el marco legal vigente no facilita la depuración de los partidos cuando
ello se revela necesario. Los partidos españoles se autorregulan: los congresos
y órganos de dirección se reúnen cuando conviene a sus dirigentes; el método
habitual de selección de cargos internos y de candidatos a cargos
representativos es la cooptación; y el control de las cuentas se encomienda a
un organismo, el Tribunal de Cuentas, fuertemente politizado, cuyos miembros
acceden al cargo por cuota política y cuyo último ejercicio auditado es 2007.
En las democracias constitucionalmente más avanzadas los partidos están
fuertemente regulados por la ley o, en el caso británico, por la costumbre. No
es por capricho. Los partidos políticos no son entidades privadas como, por
ejemplo, un club de fútbol o una empresa agrícola, que pueden organizarse como
mejor les plazca. Son entidades especiales a las que se les reconoce el
monopolio de la representatividad política y que se financian con fondos
públicos. Su funcionamiento tiene más trascendencia que el de cualquier empresa
o sociedad recreativa. Por ello, la periodicidad de los congresos, los métodos
de selección de los delegados y el control de sus cuentas mediante auditorías
independientes están regulados por la ley.
Nada de eso es de aplicación en España y esta anomalía es una causa
importante de la difícil situación actual. En todos los países hay corrupción
política, pero la democracia interna en los partidos, la competencia entre los
que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia
impuestas por la ley permiten que los políticos corruptos sean apartados con
celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción crece, debilita la acción
de gobierno en una coyuntura crítica, provoca la desafección ciudadana y acaba
causando una grave crisis política e institucional. Hay más. El método de
cooptación, repetido una y otra vez, es un método de selección adversa que
acaba elevando a puestos de responsabilidad a los menos críticos y a los menos
capaces. Hay que cambiarlo urgentemente.
Creemos que, entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema
político, el más urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos
Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna,
la transparencia y el control de su financiación y acercar la política a los
ciudadanos. Esta es una condición necesaria para poder abordar con garantías un
proceso de reforma institucional mucho más amplio que debería incluir, entre
otras, la reforma de la Justicia, la regulación de los lobbies y la separación
estricta de los cargos políticos y los puestos administrativos para garantizar
la independencia y la profesionalidad de la función pública. Las normas básicas
que esta nueva Ley debería recoger son muy comunes en las democracias europeas.
Concretamente, debería exigir
1.
Celebración de congresos cada dos
años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija.
2.
• Reunión de los órganos de control
de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden
del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto.
Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los
de la directiva.
3.
• Composición de los congresos y de
los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del
partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los
órganos de control.
4.
• Elección de los órganos
ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante
voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.
5.
Elección de los candidatos a cargos
representativos por elecciones primarias.
6.
• Mandato limitado de los tesoreros
y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los
distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes
previas a la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los
máximos órganos de dirección del partido.
7.
• Constitución de comisiones
independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para
verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.
La Ley de Partidos es una Ley Orgánica que no puede ser objeto de una
Iniciativa Legislativa Popular. Pero la Constitución, en su Artículo 29, ampara
el derecho de petición, al que nos acogeremos los abajo firmantes para pedir a
las Cortes una nueva Ley de Partidos con las características anteriores.
Solicitamos su adhesión a esta petición a través de esta web.
Otra iniciativa
UNA INICIATIVA CIUDADANA PARA HACER AVANZAR NUESTRA
DEMOCRACIA
LEY DE PARTIDOS
Tras 35 años de
democracia y 5 de una dura crisis económica, con más de seis millones de
desempleados y un alarmante nivel de corrupción, asistimos a una verdadera
crisis que afecta sin distinción a la gran mayoría de las instituciones
políticas, territoriales, económicas y sociales, hasta el punto de ponerse en
cuestión, no solo la Constitución que ha servido como base de nuestra
convivencia, sino la capacidad del propio sistema para asegurar el progreso y
el bienestar de la ciudadanía.
La actual desafección
ciudadana respecto de los políticos y de la política debe encontrar una
solución democrática a través de reformas profundas. Es necesario abrir una
nueva etapa con nuevos instrumentos para hacer que los partidos puedan seguir
realizando su papel como servicio público que garantiza el derecho de
participación política a toda la ciudadanía.
Por tanto,
sigue teniendo total vigencia el artículo 6 de la Constitución Española, cuando
declara que los partidos políticos “expresan el pluralismo político, concurren
a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación política” y establece que “su creación y el
ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a
la ley”. Sin embargo, este articulado debe desarrollarse, actualizarse y
aplicarse plenamente especialmente en lo que se refiere al desarrollo de la
parte final de dicho artículo, en la que se estipula, en relación a los
partidos, que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser
democráticos.”
No hay progreso
sin reformas, y creemos que el funcionamiento de los partidos y el sistema
político es demasiado serio e importante para dejarlo sólo en manos de sus
dirigentes. Se debe acomodar el funcionamiento del sistema a una ciudadanía que
exige oportunidades de participación, de expresión, de elección y
representación (reconocidas explícitamente en el artículo 23 de la
constitución) sin las cuales la democracia se reduce a un mero formalismo,
poniéndose en peligro su propia legitimidad.
Por ello,
nuestro compromiso es promover una nueva ley de partidos que responda a la
voluntad de quienes dentro o fuera de los partidos políticos exigimos más y
mejor democracia. Una ley de partidos que garantice un funcionamiento plenamente
democrático tanto para quienes se afilian, como para sus simpatizantes y
electores, dotándoles con la capacidad de elección directa de cargos orgánicos
y candidaturas electorales, creando vías de participación ciudadana en la
definición de objetivos y propuestas, y asegurando la mayor transparencia de
las organizaciones políticas en todas sus actividades.
La política
necesaria para salir de la crisis económica, política e institucional, requiere
unos partidos que actúen con transparencia y principios democráticos firmes.
Para ello deben cambiar la manera en que funcionan, eligen a sus dirigentes,
elaboran sus políticas y rinden cuentas a la ciudadanía. Este cambio debe
abordarse cuanto antes.
Pedimos una
nueva ley de partidos para un nuevo tiempo de democracia, que debe contemplar
algunos criterios básicos:
1.
Reconocimiento de la pluralidad y
tradición. Los partidos articulan la libre expresión de las
preferencias ciudadanas. Su pluralidad, historia y tradición son un valioso
patrimonio colectivo, siempre que promuevan valores democráticos y
constitucionales.
2.
Apertura. Los partidos son cauces privilegiados para la participación política. La
afiliación a los mismos debe estar contemplada como un derecho individual
inalienable, con los únicos límites de aceptación del ideario del partido y
estar en plena posesión de los derechos políticos. Los Partidos deben
incorporar de forma activa, estructuras y tecnologías que promuevan y faciliten
la participación de sus afiliados, simpatizantes y electores.
3.
Transparencia. La actividad interna de los partidos debe estar sometida al principio
de publicidad y su financiación pública y privada, a los más estrictos
controles de legalidad, límites de gastos electorales, buenas prácticas y
rendición de cuentas, en el marco de un ley de financiación que posibilite una
rigurosa inspección independiente y que haga penalmente responsables a los
órganos directivos de los partidos.
4.
Funcionamiento interno democrático. La celebración de congresos y la convocatoria de elecciones para órganos
de dirección debe responder a procesos regulares en los que participen de forma
directa todos los afiliados, algo que hoy permite el uso de las tecnologías de
la información, y que debe ser completado con un riguroso respeto a criterios
de paridad, así como la selección de los candidatos a todos los cargos electos,
que debe realizase además, mediante procedimientos de primaras abiertas, con
participación de simpatizantes y electores que voluntariamente lo deseen. Las
formaciones políticas deben desarrollar una amplia cultura de rendición de
cuentas y así como códigos éticos supervisados por expertos independientes.
5.
Responsabilidad. Las propuestas electorales de los partidos deben constituir un compromiso
vinculante con los ciudadanos y electores, tanto desde el gobierno como desde
la oposición. Su modificación por consideraciones de oportunidad debe conllevar
la asunción de responsabilidades políticas. Los comportamientos partidarios que
atenten contra los principios establecidos en la ley y que afecten a derechos
fundamentales deben ser recurribles ante los tribunales ordinarios.
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