Parte del follón que
tenemos organizado tiene que ver con nuestros partidos políticos en la
actualidad, cada vez más encerrados en el marketing teatral, con estrategias pensadas
fundamentalmente para la captación de votos. El problema es que estos partidos
políticos son un reflejo de nosotros mismos, somos tú y yo, y tu prima y tu
cuñada, tu compañero de trabajo y tu colega, con sus expresiones insultantes y
opiniones despreciativas hacia todo lo que se mueva quienes influimos en los
partidos y en ese desprecio por hacer algo juntos. Hay gente que insulta sin
parar en las redes, que acusa de asesinos a gobiernos y al dia siguiente exige
que lleguen a acuerdos con la oposición. Todo junto bien mezclado, para sacar
siempre la conclusión de que los otros son malísimos, inútiles y culpables de
las muertes de todos.
Sí, todo eso y mucho más
influye en el follón que tenemos organizado. Pero hay una parte del mismo que
tiene que ver con nuestra estructura estatal, que tanto a un lado como al otro
no se reconoce. Incluso la gente se enciende y creen que rompen el esquema
gritando, somos un estado autonómico. España es un estado federal, que
aquí particularmente llamamos autonómico, pero nuestra estructura es federal,
los territorios, que aquí llamamos Comunidades Autónomas, -otros los llaman
landers- tienen gobiernos y parlamentos propios, con capacidad para legislar,
ordenar, dirigir… los territorios tienen competencias en sanidad, educación y
asistencia social, y en muchísimas mas cosas, pero por ahora vale con las
anteriores para este asunto de la pandemia.
El pueblo español está
acostumbrado a protestar al soberano de turno, al monarca, al dictador, al
gobierno de la nación y a el dirige todo su malestar, los insultos y el
desprecio, incluso ahora en la España democrática. Los gobiernos autonómicos, o
gobiernos territoriales, quedan al margen de las protestas en todas partes, sus
decisiones, su responsabilidad, parece no existir nunca, para lo malo, solo
aparecen para la gloria, para las salidas positivas, por ejemplo, ahora, en la
vuelta a la normalidad. Pero se olvida su responsabilidad en la parte negra de
la pandemia. Su falta de previsión en cuanto a mantener almacenada una cantidad
conveniente de mascarillas, guantes, trajes, falta de previsión en mantener
recursos operativos, materiales y humanos, evitando la saturación como estaban
antes de, falta de previsión durante años atrás para determinar que una
reducida sanidad pública es ineficiente para tratar pandemias y mantener la
sanidad asegurada para la ciudadanía.
La situación actual en
España es que nadie tiene poder absoluto, el gobierno de la nación tiene poco o,
no demasiado poder en muchos frentes para desarrollar sus políticas, comparte
soberanía con los territorios y con la UE. Y por supuestos los territorios
tampoco tienen poder absoluto para decidir e implementar todo aquello que
quisieran. Los poderes aquí en España, están compartidos, las responsabilidades
también. En amplios sectores de población no nos damos cuenta todavía de lo que
ello significa y representa, y además, somos un Estado federal de joven
trayectoria por lo que los organismos e instituciones de coordinación necesarios
no funcionan tan correctamente como deberían, no están probados en su
funcionamiento habitual. Destaca la necesidad del Senado como cámara
territorial a reformar lo preciso urgentemente. Por eso es mucho más difícil llegar
a acuerdos, es muy raro marcar caminos comunes cuando todos se pegan por salir
en la foto y llevarse los méritos, empujando a los demás esperan llevarse los
votos de cada elección.
Mientras tanto los
poderes económicos disfrutan de una paz que no se merecen, poderes económicos
territoriales, nacionales, y transnacionales que viven placenteramente su
situación fuera de los focos, pero echando mierda a los políticos para lograr
reducir más su poco poder ante cada situación. No es este el momento de sacar
punta a este lápiz, pero consideren el papel de las empresas en esta crisis, en
la que ponen fortísimas presiones para cambiar las directrices de la desescalada,
poner o seguir en marcha y que se jodan los trabajadores, empresas que cuando
tienen beneficios al bolsillo y cuando vienen pérdidas exigen al estado que las
compense. Por no hablar de su papel como empresarios de una mayoría de las
residencias de ancianos tratadas exclusivamente como negocio, de alta
rentabilidad, decían en sus informes cuando buscaban inversores.
Antes de la pandemia y
durante ella, las competencias sanitarias y de asistencia social, como las de
educación, estaban, están, en las Comunidades Autónomas. El estado de alarma no
ha suspendido de hecho las competencias, las CCAA podían comprar material
sanitario para proveerse ante posibles contingencias, deberían haberlo hecho,
deberían tener un acopio de material suficiente en previsión, guantes,
mascarillas, trajes, … deberían haber tenido unidades médicas no tensionadas
constantemente, las urgencias colapsadas habitualmente, pocas camas públicas,
una atención primaria sin recursos, con pocos sanitarios, en condiciones muy
precarias de contratación temporal, renovables o no. La Sanidad española había reducido
su capacidad de atención previsora y recursos asistenciales en estos años de
crisis y post crisis, respecto a la que tenía en 2008.
Prueban sus competencias,
que los presidentes, consejeros y demás personal a sus órdenes han continuado
teniendo en sus manos la organización de sus sistemas sanitarios, y de
asistencia social. Ellos decidían la distribución de personal y equipos,
echaban al responsable de las residencias, por ejemplo, en Madrid, y nombraban otro,
eran los órganos territoriales, en Madrid, quienes decidían no derivar a los
ancianos hacia los hospitales. En plena crisis han seguido comprando material
como prueban los aviones que llegaban cargados por ejemplo a Madrid y Valencia,
han sido los órganos territoriales quienes decían las cifras que facilitaban al
Ministerio de muertos, o contagiados, eran esos órganos territoriales quienes decidieron
a quienes hacían los test de pruebas… por supuesto en algún caso siguiendo las
recomendaciones del gobierno. Claro que no podían actuar sobre las fronteras y
los vuelos interpaíses, ni mantener la coordinación internacional con la UE y
con la OMS, eso depende del gobierno central. En plena pandemia los números de
teléfono de ayuda covid-19, han sido 17 o 19, uno por territorio, el resto de países
europeos, tenían uno solo, acaso ese simple hecho no llama la atención de las
dificultades de organización que tenemos.
El grado de gasto
público de un estado y su distribución territorial, puede considerarse una
medida de descentralización que en cierto sentido mide la cualidad federal de
ese estado, entendida como la atribución de soberanía que comparten
diferentes territorios con distintas administraciones públicas gobernando en
ellos. A pesar de los cabreos que se originan diariamente, que para
algunos justifican la conveniencia de una desmembración del estado para
dirigirlo hacia una federación, la realidad concreta que ofrecen los estudios
es que España es un estado federal, comparable con otros estados federales en cuanto
atribuciones cedidas a los territorios, las CCAA, tiene una
estructura particular con algunas deficiencias, como la financiación, etc. y el
Senado que habrá que reconvertir ya, en Cámara Territorial donde diriman sus
diferencias los territorios y no siempre en peleas bilaterales con el Gobierno
Central, más propio de una confederación que de federación. Pero España es
un estado federal.
Los dos cuadros
proceden de: ‘El gasto público en España
en perspectiva comparada: ¿Gastamos lo suficiente? ¿Gastamos bien? publicado
por Santiago Lago peñas y Jorge Martínez-Vázquez en la revista Papeles de
Economía Española núm. 147 del año 2016. En el primer cuadro, (Gráfico 10)
la comparación se realiza para el período 1995-2012, entre España y los países
europeos de la OCDE, que prácticamente son la UE, entre ellos hay algunos
federales como Alemania, Bélgica, Austria. El gasto público total como
porcentaje del PIB imputable a gobiernos subcentrales –territoriales- españoles
se encuentra sobre el 25%, mientras en el caso de gobiernos subcentrales
europeos representa un 15%. El segundo cuadro (Gráfico11) compara gastos de los
gobiernos subnacionales, territoriales, por funcionalidad y como porcentaje del
PIB. Para hacerlo sencillo pueden mirar solo la cifra expresada para 2011,
barra azul completa, pero merece detenerse en los componentes de gasto,
testimonian un catálogo de atribuciones que tienen los territorios tales como:
educación, sanidad, orden público, cultura, protección social, medio ambiente,
vivienda, lo cual es una muestra de soberanía cedida/compartida.
En España a comienzos del siglo XXI por encima del 40%
del gasto público total lo gestionaban los territorios, que pasaría a ser un
porcentaje superior al 50%, si excluyéramos la Seguridad Social del cómputo
Central, supone un 27% del total, la Administración Central gasta un 23%, sin
S.S. El componente mayor del gasto público son las pensiones que paga el Estado
central. Las CCAA concentraban en 2001
la mitad del empleo público, el 70% si se excluye la Seguridad Social. ‘Mediterráneo Económico, núm. 10, Cajamar. ‘Un
análisis comparado del gasto público autonómico’. J.M. Domínguez, R. López del
Paso y N. Rueda. Y ante esto, ¿qué hacemos, destruimos todo lo realizado,
autodeterminamos todos los territorios y comenzamos como si estuviéramos en la
Edad Media a crear una república federal? ¿No parece un poco estúpida la idea?
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